CARACAS. Rosinés, de 8 años, aconseja a su papá, y Hugo Chávez lo publica.
--Rosinés me hizo notar un error en nuestro escudo, que el caballo de nuestro escudo venezolano está mal --dijo el pasado 20 de noviembre, en su programa "Aló Presidente", trasmitido en cadena nacional--. El caballo corre con la cabeza torcida, hacia atrás. Creo que tiene razón, y hay que cambiarlo.

Esta semana la Asamblea Nacional, integrada por oficialistas, modificó el escudo. Ahora el caballo corre hacia la izquierda y con la mirada al frente, tan indómito como la revolución bolivariana. En cambio el humorista Laureano Márquez, del diario "Tal Cual", es la imagen opuesta. Si figurase en un escudo, debería aparecer atado de manos.

Márquez publicó una cariñosa carta a la influyente Rosinés, solicitándole pedir a su padre, como cosa suya, "que no se ponga tan bravo con los que no pensamos como él, que no nos regañe tanto. Así la larga convivencia que nos espera con tu papi será más llevadera".

Chávez se quejó de que "Tal Cual", que dirige el prestigiado Teodoro Petkoff, hubiera publicado la carta. Poco después, un consejo municipal de protección de menores prohibió al diario y a Márquez referirse de cualquier modo a Rosinés. Si incumplen, a Petkoff y al humorista les esperarían entre tres y seis años de cárcel. Además, ambos están querellados en el Poder Judicial, habiendo pedido la fiscalía una multa para Márquez de veinte veces su remuneración, y para "Tal Cual" sus ventas multiplicadas por treinta.

--Es inaudito que Hugo Chávez utilice a su hija para cerrar un diario opositor --dice el abogado de "Tal Cual", Humberto Mendoza. Por su parte, Petkoff, a quien se vocea como candidato presidencial en las elecciones del próximo noviembre, opina que la medida no carece de astucia. "Será un municipio, y no el Gobierno, el que nos ponga la soga al cuello. En todo caso, en Venezuela ya estamos en la etapa de la judicialización de la política".

MÚSICA OBLIGATORIA

Desde marzo del 2005, el Código Penal contiene sanciones más severas contra el vilipendio y un blindaje inconstitucional para los funcionarios públicos. Hasta organismos estatales deben ser tratados con formal respeto. Tanto así que el Ministerio Público quiso enjuiciar al diario "El Universal" por un editorial titulado "Justicia arrodillada", pero fracasó, porque por algún olvido de la nueva ley la fiscalía no figura entre las instituciones "ofendibles". En cambio sí fue procesado el periodista Napoleón Bravo, quien comparó con un burdel al Tribunal Supremo de Justicia, a fin de denotar --cita a la Real Academia-- que era "una casa donde se falta al decoro con ruido y confusión". En fin, es una opinión. Salvo en Cuba, en ningún otro país de América Latina se persiguen así diatribas a una entidad pública.

De otro lado, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión produjo procesos administrativos por doquier. Más de 22 durante el 2005. Los medios soportan nuevos contenidos obligatorios: himno patrio, programas infantiles en horas de gran audiencia, altas proporciones de música venezolana. El 50% de las canciones que se transmiten deben ser nacionales, y la mitad de esta mitad, tradicionales. ¿Qué es música venezolana tradicional? Entre las radios hubo gran confusión, y una de ellas, la irreverente 92.9, especializada en música juvenil, decidió transmitir sin cesar un joropo satírico --innegablemente llanero-- compuesto para la ocasión e intitulado: "Yo sí soy un jalabolas". O sea, un chupamedias. A la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no le hizo ninguna gracia y la multó con el 0,5% de sus ingresos.

DELINCUENTES COMUNES

Los medios impresos han estado libres, hasta el momento, de los rigores de esta ley. A ellos les presta especial atención el Ministerio Público, y particularmente el fiscal general, Isaías Rodríguez, ex vicepresidente y chavista confeso, cuyas lágrimas de alegría fueron apreciadas por la televisión cuando Hugo Chávez regresó al Palacio de Miraflores luego del fallido golpe del 2002. Un fiscal de su confianza puede ser temible para la prensa. Dos casos recientes han demostrado lo fácil que es pasar de reportero a delincuente común.

Gustavo Azócar, de 39 años, fue apresado el pasado 6 de marzo, al finalizar el programa de televisión que conducía. Según la procuraduría, en el año 2000 se apropió del dinero pagado por la Lotería de Táchira para unos anuncios que no se trasmitieron en Radio Noticias 1060. Pero de acuerdo con su abogado, Jesús Vivas, la publicidad sí fue transmitida, otras personas recibieron el dinero, y todo es una represalia del gobernador Ronald Blanco, un hombre de Chávez, blanco precisamente de las críticas del detenido.

Azócar no es cualquier periodista. En 1988, cuando se iniciaba en "El Nacional", demostró que las autoridades mintieron al presentar como un enfrentamiento contra la guerrilla colombiana lo que fue una matanza de 14 campesinos y pescadores del pueblo El Amparo. "Este descubrimiento se cuenta entre las siete principales investigaciones de la prensa venezolana en todos los tiempos", dice Ewald Scharferberg, autor de un estudio sobre el periodismo investigativo del país. Azócar, por cierto, no se durmió en sus laureles.

El 9 de mayo del 2004, el Gobierno reveló la detención de 80 paramilitares colombianos cerca de la frontera. En la asamblea de la OEA, el embajador Jorge Valero dijo que planeaban asesinar al presidente Hugo Chávez, capturar aviones de la fuerza aérea y tomar las instalaciones petroleras. El propio Chávez aseguró que el Palacio de Miraflores, donde despacha, iba a ser bombardeado. Pero Azócar demostró rotundamente en el diario "El Universal" que las propias autoridades venezolanas habían autorizado su ingreso. Dos años después, los juicios a los detenidos están culminando y la mayoría fue declarada inocente. No eran paramilitares, sino campesinos llevados a Venezuela por falsas ofertas laborales.

Azócar deberá estar no menos de un mes en prisión para la "investigación preventiva" de hechos ocurridos seis años atrás. Por una parte, su caso es similar al de Patricia Poleo, quien en el 2000 descubrió, contra la versión oficial, que el prófugo Vladimiro Montesinos estaba en Venezuela. Poleo salió del país en noviembre del 2005, para no sufrir prisión durante la "investigación preventiva" de un delito. La diferencia es que a ella se le atribuye un crimen sanguinario: haber participado en la planificación del asesinato del fiscal Danilo Anderson, que voló en pedazos cuando estaba en su auto, el 18 de noviembre del 2004.

EL CASO EXPLOSIVO

Anderson era un fiscal oficialista, a cargo de investigar a los presuntos culpables de haber intentado derrocar a Hugo Chávez en abril del 2002. De inmediato su atroz muerte fue atribuida a una conspiración entre los golpistas venezolanos y Estados Unidos. La misma tesis del caso de los paramilitares que Azócar reveló inofensivos. Ahora también serían periodistas los destructores de tan grave acusación.

La pionera fue Tamoa Calzadilla, reportera de "Últimas Noticias", un diario popular que no ataca al régimen, pero cuyo director, Eleazar Díaz Rangel, puede publicar una investigación que lo disgustará. Cuando los medios oficialistas se desvivían construyendo una imagen heroica del fiscal asesinado, y se esculpían bustos para honrar su memoria, Calzadilla publicó un célebre artículo que reveló indicios de extorsiones cometidas por Anderson y pruebas de su repentino enriquecimiento. Había llegado a adquirir una caja fuerte para guardar el dinero y una máquina contadora de billetes para no demorar las cobranzas. Otro periodista, Alfredo Meza, de "El Nacional", mostró el contenido de las actas del interrogatorio al abogado Sócrates Tiniacos, amigo del fiscal asesinado, en el que asegura que Anderson recibió dinero sucio. El público no sabía, hasta las publicaciones de Meza y Calzadilla, que varios testigos habían confirmado prácticas de extorsión ante la fiscalía. Estos testimonios fueron luego adulterados, pero ya había recibido un golpe mortal la tesis del terrorismo contrarrevolucionario. Entonces apareció el testigo colombiano.

La noticia era espectacular. Giovanny Vásquez, presunto infiltrado de la policía colombiana en las FARC, dijo haber presenciado tres reuniones en las que se planificó la muerte de Anderson. Reconoció a varios personajes, entre ellos a dos opositores: la periodista Patricia Poleo y el banquero y accionista de Globovisión Nelson Mezerhane. La fiscalía los buscó de inmediato. Poleo no acudió a las citaciones; Mezerhane sí, y fue detenido.

A la periodista Laura Weffer, de "El Nacional", le llamó la atención que el fiscal general dijera que su testigo no solo era paramilitar, sino siquiatra. Buscó en los registros de la Asociación de Psiquiatría de Colombia y no lo encontró. Así comenzó una investigación que tuvo resultados asombrosos. Por su lado hizo la misma búsqueda Gabriela Perozo, de Globovisión. Ambas, por separado, descubrieron la verdadera historia del testigo.

CENSURA Y ESCÁNDALO

Giovanny Vásquez no solo era un falso siquiatra, sino un mitómano redomado, con varios procesos judiciales abiertos por estafa. Como embaucador incansable se había hecho pasar sucesivamente como agente del FBI, instructor de karate, jefe paramilitar e infiltrado de la policía. En Venezuela se le acusaba de robo y lesiones personales. Lo más importante era que nunca pudo haber presenciado la organización del asesinato de Anderson. Por entonces estuvo detenido en Colombia, acusado de ejercer ilícitamente la medicina.

Fue en esas circunstancias que el juez Florencio Silano, a petición del fiscal general, prohibió publicar cualquier referencia a las actas del expediente, y pidió a Conatel investigar a periódicos y empresas de televisión "que pudieran estar obstruyendo la justicia". Aunque la decisión es aberrante, por lo menos ha demostrado que el periodismo venezolano está recuperando su salud después de haberse confundido con la oposición en su intento de derrocar a Chávez.

Así, mientras los medios soportan el acoso de Conatel y disminuyen la cobertura política (un estudio de la periodista Elsa Piña demostró que durante el 2005 las televisoras emitieron diez horas diarias menos de información y opinión), hay nuevos protagonistas: reporteros independientes que investigan. Uno de ellos, Alfredo Meza, dedica sus horas libres a seguir investigando por su cuenta el Caso Anderson. Lleva más de un año en la búsqueda y está convencido de que el tribunal ha sentenciado sin pruebas suficientes a tres personas como autoras directas del atentado.

--Solo han escuchado a Giovanny Vásquez, y Vásquez es un impostor --dijo Meza, que publicará su investigación en un libro.

¿Quiénes, entonces, asesinaron al fiscal? "Este caso es una bomba de tiempo. En cualquier momento va a estallar", dijo el banquero Mezerhane, quien después de pasar un mes y medio en prisión salió limpio y convencido de que la fiscalía está metida en un atolladero. No quiso decir una palabra más, pero sonrió como si lo supiera todo.