Juan Paredes Castro
El honorable presidente de la Corte Suprema, don Walter Vásquez Vejarano, ya no puede pretender tapar el sol con un dedo. Ni sus buenos años dedicados al servicio honesto de la magistratura ni su elevada paciencia de esperar que el Poder Judicial se mire el ombligo pueden ayudar a que el cambio se produzca como él quisiera: Por las leyes de la naturaleza.

Lástima que le falte el mismo valor que le pedimos en su momento a su predecesor, el doctor Hugo Sivina: el de inmolarse, removiendo cada tuerca y tornillo de la Sala Plena de la Suprema, esa que restringe su liderazgo, que anula sus decisiones, que cada día vierte cansancio y marasmo, que precisamente quiere que las cosas sigan igual en la administración de justicia.

La reforma judicial solo puede venir de dos formas: con la inmolación de un presidente de la Suprema capaz de echar abajo la casa a cambio de que las cosas sean distintas y superiores al día siguiente, o con la fuerza de Estado que sugiere el proyecto de la Ceriajus, que no sabemos por qué razones poderosas nadie quiere mover de las gavetas del Congreso de la República y sobre el cual el presidente Alan García haría bien en preguntar para saber de qué se trata.

Extrañamente y justo en momentos en que la corrupción envuelve en vivo y en directo a un vocal de la Suprema, emerge una campaña empeñada en evitar que la prensa libre e independiente transparente la hoja de vida de todos y cada uno de los miembros de la Sala Plena, de entre los cuales se elegirá dentro de un par de meses al nuevo presidente de la máxima instancia del Poder Judicial.

¿Es que se quiere amedrentar a la prensa y a las instituciones que promueven esa transparencia, como el Instituto de Defensa Legal (IDL), para evitar que se sepa quién es quién en el aparato judicial, cuál es su carrera, cuáles sus méritos y cuál su patrimonio? ¿Acaso no deseamos jueces y fiscales que no le tengan ningún temor al control y a la fiscalización de la ciudadanía respecto de dónde vienen y a dónde aspiran?

El almirante Luis Giampietri puede tener, con todo derecho, todas las opiniones y discrepancias sobre el IDL. No deseamos juzgarlas. Lo que no puede hacer es confundirlas con acciones legislativas de inteligencia que, más que un propósito de investigación, parecen encarnar una presión indirecta contra la prensa y un juego político del que podrían aprovecharse no pocos jueces y fiscales para ampararse en la impunidad.

La justicia ha entrado en grave emergencia. Esperamos que los magistrados honestos y creyentes del cambio lo hayan advertido. Y Alan García, como jefe de Estado, también.