Presidente Alan García firma decreto referido a la lucha contra el terrorismo. Primer ministro adelanta que se tendrá a abogados especializados.
La defensa judicial de los efectivos militares y policiales que vienen siendo procesados por la supuesta violación de derechos humanos mientras luchaban contra el terrorismo, entre 1980 y el 2000, será asumida por los ministerios de Defensa y del Interior.
Este anuncio lo hizo ayer el presidente Alan García, quien indicó que a través de un decreto supremo --que firmó horas después-- había dispuesto no dejar solos a los militares y policías que en actividad o situación de retiro afrontan juicios por dicho delito.
La situación de estos uniformados fue evaluada por el sector Defensa y la Defensoría del Pueblo, institución que entregó a dicho ministerio un listado que contenía los nombres de 292 personas actualmente procesadas.
Este número está siendo cotejado por el Ministerio de Defensa con los institutos armados.
Según cálculos preliminares en este sector, serían cerca de 950 los militares enjuiciados, aunque las cifras continúan en estudio.
"He firmado un decreto de justicia total en el cual el Gobierno se compromete a defender a soldados, marinos, aviadores, oficiales y a todos los que sufren acusaciones, porque es responsabilidad del Gobierno defender a los que en algún momento envió a defender la patria", indicó el jefe del Estado.
El anuncio de García no pudo tener escenario y fecha más propicios: el cuartel general del Ejército en San Borja, por el aniversario de las Fuerzas Armadas.
También estuvieron los ministros de Defensa, Allan Wagner, e Interior, Pilar Mazzetti.
EN DEFENSA DEL HONOR
Durante su discurso, García pidió que se acabara con toda forma de ensañamiento contra los institutos armados, porque estos defendieron los intereses de la patria.
Insistió en que el Gobierno no dejará en condición de marginales a los militares que sufren condenas, procesos, inquisiciones e investigaciones que nunca acaban y que mancillan su honor y destruyen sus carreras.
Según el mencionado decreto supremo, que sería publicado hoy en "El Peruano", los sectores Defensa e Interior deberán asumir los costos de la defensa legal de sus integrantes.
La norma es una ampliación del Decreto Supremo 018-2002-PCM, el cual estableció disposiciones para la defensa judicial de funcionarios y servidores de entidades, instituciones y organismos del Ejecutivo en procesos que se inicien en su contra.
El nuevo decreto incluye expresamente a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se encuentran en situación de indefensión o sin una adecuada defensa legal.
CON ESPECIALISTAS
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, quien también participó en la celebración por el aniversario de las Fuerzas Armadas, indicó que los portafolios involucrados en este asunto contratarán a abogados especializados en temas de derechos humanos para que conduzcan la defensa legal de los militares y policías procesados.
En la actualidad ellos son defendidos por abogados de oficio.
"¿Cómo podría el Gobierno, mucho menos yo, que participé con la Fuerza Armada, con todo orgullo, en defender a la patria de la peor amenaza, dejar abandonados a miles de soldados y oficiales sobre los que recae siempre la sospecha de los que no pusieron nada por defender a la patria contra el terrorismo?", se preguntó el mandatario.
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