Para ello el primer ministro, Jorge del Castillo, convocó a una conferencia de prensa a la cual llevó a los ministros Luis Alva Castro (Interior), Allan Wagner (Defensa) y, por supuesto, a Salazar.

Pese a que Del Castillo dijo: "Estamos juntos y solidarios", las caras largas expresaban mucho más que las palabras. Tanto es así que Wagner no dijo esta boca es mía.

El jefe del Gabinete y Alva Castro se encargaron de dejar bien en claro --como para que lo escuche Salazar-- que el Gobierno sí tiene una política antidrogas, integral, que contempla la erradicación de cultivos ilegales y la interdicción de insumos para la preparación de drogas. Sobre esto, anunció que se estaba incluyendo el kerosene como un producto que debe ser controlado.

Alva Castro enfatizó que existe un plan estratégico de lucha contra las drogas-- "¡Que quede claro!"-- y, como para no dejar mal parado a Salazar, adujo que no se trataba de erradicar por erradicar.

Del Castillo no quiso meterse en las explicaciones sobre los acuerdos tomados en Tocache, por eso le pasó la pelota a Salazar al pedirle --aunque parecía más una conminación-- que precise sobre lo acordado.

Salazar, además de reafirmarse en sus decisiones, intentó una explicación sobre la temporalidad de la suspensión de la erradicación de los cultivos de hoja de coca.

Sostuvo que en realidad se trataba de una suspensión durante diez días, pero se olvidó que en el acta no se habla de un plazo específico. Al hacerle notar la omisión en el documento firmado, Salazar optó por decir: "Sí, pues, fue una omisión mía".

La congresista Nancy Obregón reaccionó a lo afirmado por Salazar y lo consideró una irresponsabilidad. Recalcó que en el acta en ningún momento se señala un plazo de diez días.

Obregón dijo que esperarán hasta el lunes 19, día en que todos los líderes de cuencas cocaleras estarán en un foro, para decidir si van a un paro nacional o realizan una marcha hacia Lima.

Sin embargo el presidente de la asociación de cocaleros de Tocache, Wilder Santalaya, dijo que la suspensión es solo mientras se realiza el empadronamiento y que confía en la buena voluntad del Gobierno.