Los oscuros nexos del paramilitarismo

BOGOTÁ. Indudablemente las declaraciones que la semana pasada dio el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante un juzgado de justicia y paz en Medellín solo confirmaron lo que en Colombia era un secreto a voces: Los paramilitares dominaron amplias regiones de este país en las últimas dos décadas.

Desde que se inició este año no hay semana en que no se suscite algún hecho que ponga en evidencia que los tentáculos de estos grupos armados de derecha abrazaron todas las instancias de la sociedad colombiana.

El maridaje entre políticos y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sus alianzas y la repartición de puestos y del dinero público saltaron a la palestra en febrero, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de seis congresistas por nexos con los paramilitares.

Nueve magistrados de la corte, en un expediente de 76 páginas, describieron en esa ocasión cómo Rodrigo Tovar 'Jorge 40', jefe del bloque norte de las AUC, trazó un milimétrico plan para ocupar en la costa del Caribe "espacios políticos y de esa manera expandir su área de influencia, procurar su financiación y tener voceros en las instancias decisivas de la nación".

El organismo judicial señaló que para lograr sus propósitos, 'Jorge 40' no dudó en cometer fraude ejerciendo presión sobre jurados electorales que cambiaron las cifras de votos. El paramilitar también acudió a la intimidación, secuestro y asesinato de los contendores de sus candidatos favoritos.

Entre los políticos afines a 'Jorge 40' estaban el senador por el departamento del Cesar Álvaro Araújo Castro y el ex ministro Álvaro Araújo Noguera, hermano y padre, respectivamente, de la entonces canciller Consuelo Araújo.

El hermano de la ministra fue acusado de ser elegido senador en el 2002 con ayuda paramilitar, así como de haber gestionado un contrato con la registraduría y cobrar un soborno que pasó a manos de 'Jorge 40'.

La detención de Álvaro Araújo hijo y la desaparición del padre, que hasta hoy se encuentra prófugo de la justicia, determinaron la renuncia de la joven ministra consentida del presidente Uribe.

En los meses siguientes, las investigaciones de la corte prosiguieron con políticos de los departamentos de Magdalena, Bolívar, Sucre y Antioquia.

Las indagaciones llegaron a establecer que en el 2001 unos cuarenta políticos, entre ellos once actuales congresistas aliados de Uribe, se reunieron con diez jefes de las autodefensas en Santa Fe de Ralito, donde firmaron un pacto para refundar la patria. Por este acuerdo hay cinco parlamentarios presos, mientras otros once son investigados preliminarmente.

Así como van las cosas, ya suman doce los parlamentarios encarcelados, la mayoría de los cuales pertenece a los partidos de la coalición que apoya a Uribe, quien en una desafortunada declaración pidió a su bancada continuar apoyando sus proyectos antes que los metan presos.

Mancuso asegura que el 35% de los congresistas de la República fue elegido en el 2002 con votos de las autodefensas, y el vicepresidente Francisco Santos corroboró, hace dos semanas, la infiltración paramilitar en el Legislativo colombiano al predecir que de treinta a cuarenta parlamentarios terminarán tras las rejas por la 'parapolítica'.

El máximo organismo de inteligencia del Estado, la Dirección de Administración y Seguridad (DAS), también fue infiltrado. Su ex director Jorge Noguera, amigo personal de Uribe, es acusado de filtrar a los paramilitares nombres de sindicalistas que luego fueron asesinados.

Además, el vicepresidente Francisco Santos fue acusado por Mancuso de proponer crear un bloque de las AUC para Bogotá. El líder paramilitar también incriminó al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por buscar ayuda de su grupo para derrocar al entonces presidente Ernesto Samper.

El escándalo de la 'parapolítica' es tal que ha salpicado también a Uribe, incluso ha afectado a Colombia y pone en riesgo la aprobación del tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU., así como el flujo de los 700 millones de dólares que recibe anualmente el Plan Colombia.

A principios de este mes, el senador Gustavo Petro, del partido opositor Polo Democrático, acusó a Uribe y a su familia, primero en el Congreso de Colombia y luego en EE.UU. ante políticos demócratas, de tener vínculos con grupos paramilitares y de haber sido forjador de estos cuando era gobernador de Antioquia.

Las acusaciones hicieron que el ex vicepresidente estadounidense Al Gore se negara a compartir con Uribe un foro en Miami y que los demócratas, mayoría en el actual Congreso estadounidense (quienes en abril pasado congelaron una ayuda militar a Colombia de 55 millones de dólares), condicionaran la firma del TLC y el envío de nuevos aportes al Plan Colombia a que se realizaron más esfuerzos para combatir la influencia paramilitar.

PRUEBA VIVIENTE
"Yo soy la prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado en Colombia", fue la frase con la cual Mancuso empezó a revelar la forma como los jefes de las autodefensas y los militares de alto rango coordinaban acciones conjuntas.

Mancuso, quien antes de desmovilizarse en el 2004 era el máximo comandante de las AUC, aseguró que era un paramilitar puro y que fue entrenado por el ejército colombiano.

Contó que el general Rito Alejo del Río, mano derecha en temas de seguridad cuando Uribe era gobernador de Antioquia, facilitaba el desplazamiento de los escuadrones paramilitares en Urabá cuando se desempeñaba como comandante de la Brigada XVII.

También relató que el general Martín Orlando Carreño, quien en el 2003 llegó a ser comandante del Ejército Nacional, ayudó en la expansión de las AUC en el departamento de Córdoba.

El ex jefe paramilitar contó fríamente cómo los militares ayudaban a escoger blancos, proporcionaban mapas y listas de personas para ser asesinadas.

Unos ochenta militares, entre activos y retirados, son actualmente investigados por la fiscalía por sus presuntos nexos con las AUC.

Pese a que, como asegura la oposición colombiana, los hechos demuestran que el 'uribismo' está impregnado de paramilitarismo, increíblemente la popularidad del presidente no se ha visto afectada. Las encuestas revelan que el 72% de la población continúa fascinado con el carácter y actitud firme de su mandatario.

EN PUNTOS
4El gobierno de Álvaro Uribe inició negociaciones de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia el 1 de julio del 2004, y como parte de ellas se han desmovilizado unos 31.395 hombres y mujeres. De este grupo, 2.695 se acogieron a la Ley de Justicia y Paz por tener delitos pendientes de ser juzgados.
4Esa ley fue creada por el actual gobierno y gracias a ella los paramilitares pagarán un máximo de ocho años de reclusión, en centros penitenciarios especiales o colonias agrícolas, inclusive si han cometido delitos de lesa humanidad.
4La norma también evita que los paramilitares desmovilizados sean extraditados a Estados Unidos, donde varios son requeridos por narcotráfico.
4Asimismo, establece que los inculpados informarán sobre sus actividades ilegales, pero aclara que en caso de que se compruebe que omitieron revelar algún delito, perderán los beneficios que le otorga la ley.
4La norma exige que las AUC desmonten la red de narcotráfico y corrupción política que les produjo inmensas fortunas, las que deberán entregar para reparar a sus víctimas.

Los rastros que dejaron los 'paras'
BOGOTÁ. El hallazgo de unas 4.000 fosas que contendrían los restos de 10.000 personas es la constatación de la monstruosa penetración paramilitar.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República registró que entre 1997 y el 2003, las AUC perpetraron 246 masacres. La máquina de terror en que se convirtieron los grupos paramilitares causó, según cálculos de organizaciones no gubernamentales, unas 200.000 muertes.

"El motivo de tanta crueldad no fue su lucha contra la guerrilla. Fue un proyecto para consolidar un modelo económico, político, militar y un nuevo ordenamiento territorial", dice Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó, en Antioquia.

En efecto, un millón y medio de campesinos esperan que les devuelvan 3'500.000 hectáreas de terreno que les quitaron las AUC.