La dignidad de los niños está primero

Por Beatriz Merino
Defensora del Pueblo

Desde hace varios días, una tensión creciente se vive en el ambiente con relación al caso del mercado de Santa Anita. Las imágenes de los programas televisivos muestran un gigantesco portón metálico que se abre para que ingresen sus afanosos inquilinos, pero que permanece absolutamente cerrado para la justicia. Cuando alguien inquiere por las razones de esta conducta, solo encuentra como respuesta una negativa pertinaz a acatar un fallo judicial y la amenaza de los ocupantes de colocar a sus propios hijos en la primera línea, a la hora en que se ejecute la sentencia.

Como defensora del Pueblo he formulado continuos llamados buscando una salida ordenada y pacífica al cumplimiento de la sentencia. He expresado de manera clara e inapelable mi condena a la utilización de niños como mecanismos disuasivos del uso de la fuerza legítima que, normalmente, acompaña la ejecución de los fallos judiciales. Además, he dispuesto la intervención supervisora y humanitaria de un equipo de comisionados de nuestra institución para que permanezcan alertas al desenvolvimiento de los hechos y actúen rigurosamente en uso de sus atribuciones.

No obstante, me sigo preguntando: ¿Qué clase de situación es esta en la que los niños terminan siendo involuntarios protagonistas de un episodio de adultos y en la que el Estado de derecho es desafiado? Más allá de las consabidas explicaciones histórico-políticas y del análisis de las causas estructurales de todos nuestros males como Estado y como nación, existe algo esencial en la vida que no se puede perder en el ser humano y en el país, sea cual fuere el contexto en el que nos encontremos.

Por un lado, hay (o debe haber) un sustrato moral sobre el que se han de edificar nuestras relaciones, que nos señale sin ambigüedades que ningún ser humano puede instrumentalizar a otro. En otras palabras, no es en modo alguno aceptable que para satisfacer nuestros propios intereses convirtamos a otro ser humano en un objeto utilizable a nuestro antojo. Pero, cuando se utiliza a niños para ganar tiempo o ventaja, todos los argumentos se tornan deleznables. Y nadie puede aceptar esa conducta, desde ningún punto de vista. Aquí radica el sentido de la dignidad. Debemos entender que somos fines en nosotros mismos y no medios para que otros realicen sus fines.

Este escenario, sin duda, se agrava cuando esos presuntos medios son nada menos que los propios niños de los ocupantes, los de sus familias. Yo me temo que eso que la prensa ha denominado "escudos humanos" no configura solo un delito de exposición de personas al peligro. Es más que eso. Es el uso de personas para enfrentar una situación de peligro por parte de personas plenamente conscientes. Es la cosificación de un menor y su transformación en un arma de batalla. Y, peor aún, debido a la conexión emocional y la confianza existente entre padres e hijos, las posibilidades del niño de autopreservarse se reducen a cero.

Por otro lado, no está demás recordar cuán importante es un Estado de derecho en el objetivo nacional de vivir civilizadamente. Los fallos judiciales derivados de procesos llevados con todas las garantías para que las partes ejerzan a plenitud su derecho de defensa no pueden ser objetados. Nadie en el llano o en las alturas del poder puede rehusarse a cumplir el mandato legítimo de un juez. Y esta no es una fría formalidad: se trata de un elemento clave en el funcionamiento de un Estado, pues lo hace previsible, confiable e igualitario. En eso consiste el pacto social que subyace a las constituciones políticas, en acatar la ley, en respetar el derecho, en cumplir lo que dispone la administración de justicia.

En la Defensoría del Pueblo tenemos el deber de hacer un último llamado para que se retire a los niños.

Aún estamos a tiempo de evitar circunstancias luctuosas, en un país que ya las ha mostrado con exceso a lo largo de su historia y que no deben repetirse.