Judicializados hasta el cuello

Por Fernando Vivas
Periodista

Tratemos de llegar al fondo. Ignoremos las pantomimas de Alan dejándose entrevistar por Magaly para captar las portadas populares, su anuncio de llevar el diferendo marítimo con Chile a La Haya que es un tremendo refrito, el show de Meche Cabanillas cortando la cabeza de José Cevasco, las lastimeras coartadas del tribuno malogrado Javier Ríos y la no menos lastimera grita de Aurelio Pastor en defensa de la transparencia política de su comisión de marras. Pongámosle a este un 10 sobre 100, siguiendo el capricho con el que evaluaron a los tribunos.

Olvidemos, pues, todo ese circo y vayamos a los usos políticos que generaron los abusos (copio la frase que usó Rafael Roncagliolo para explicar los casos de Canchayas y Mencholas). Ponchemos a la chueca tradición que está detrás del escándalo del TC: la extrema politización de la administración de justicia que empuja a un partido como el Apra a pretender controlar no solo jueces y vocales sino los procesos de selección del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta consuetudinaria distorsión de nuestra política, ya sea en democracia o en dictadura, no solo se ejecuta informalmente y sotto voce, sino que se ha institucionalizado en el procedimiento congresal de repartija de tribunos que acabamos de ver en toda su podredumbre.

Si tenemos una clase política adornada con exuberantes rabos de paja judiciales, fruto de su paso por gobiernos conflictivos y de su codeo con corruptos de toda laya, y habitada por francotiradores como Fernando Olivera que han basado su carrera en procurarse expedientes de aliados y de enemigos por igual; no nos extrañemos entonces del abuso de la judicialización como un arma de doble filo, de defensa y de ataque.

Pareciera, a veces, que estamos gobernados por políticos en libertad condicional que son secretamente presionados por quienes tienen las claves para revocarla. Imaginen que los fujimoristas regresaran al poder: ¡seríamos una tremenda corte!

Ahora bien, el Apra, partido con más aparato y años de persecución que cualquier otro, ha hecho del control judicial no solo un mecanismo de defensa ante cualquier 'Popy' que les salga al paso y ante la izquierda de ONG que lleva el día a día de sus juicios, sino que ha convertido a este control en un oscuro capital político manejado astutamente para ganar adherencias de gremios, grupos de poder y grandes empresas que buscan una palanca judicial. Mucha de esta influencia es incierta y mitificada, pero en algún grado existe. Es una leyenda nacional: el Apra gobierna al Perú y controla la justicia.

Ante este panorama a veces uno sueña con una amnistía: que el Apra no se meta en la justicia y que nadie la persiga. Pero ese pacto, seguido al pie de la letra, haría impune al fujimorismo. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Luchar para despolitizar la justicia y a la vez politizar la exigencia para contar con políticos probos y que no postulen para hacer de víctimas o fiscales.