¿Cómo hacer para que te crean? Esta es la pregunta que más de una vez se hicieron --y se hacen-- las mujeres que un buen día decidieron, en un país llamado Perú, romper con su secreto mejor guardado y denunciar a sus parejas por violencia familiar.

"Una vez que tomas la decisión, sabes que no puedes dar marcha atrás, solo queda seguir adelante", dice Aurelia, nombre ficticio de una profesional, madre de dos niños, que prefiere el anonimato para evitar cualquier tipo de represalia. Hace solo una semana, seis años después de acudir a la policía, obtuvo una resolución judicial que los reconoce a ella y a sus hijos como víctimas de violencia familiar.

Y es que mientras las denuncias se abultan, pocos son los casos que logran pasar el filtro judicial. "Solo pedimos que nos ayuden, que nos protejan. Pero muchas veces el sistema judicial no lo hace", comenta con amargura Carmen, de 46 años, cuyo nombre se ventila en cuatro juicios que se dilatan por equis motivo, desde los 'errores' que cometen en los expedientes secretarios y asistentes o porque el juez no asistió a la citación programada (y para obtener una nueva pueden pasar fácil otros tres meses).

"Y es que nadie te cree", comenta Carmen, quien vivió 17 años de convivencia matrimonial llena de infidelidades y con altas dosis de violencia física y psicológica. "Tenía miedo. No podía hablarle (al esposo), de insistir en que nos separáramos, sin que me lanzara por el aire o me estrellara contra la pared jalándome de la ropa", cuenta (ya tantas veces lo ha hecho). "Denúnciame si quieres --me gritaba él-- que no van a encontrar huella de mis manos y voy a decir que eres una loca, que eres tú la que se golpea", recuerda Carmen sin poder evitar que la voz se le quiebre, como ya se han quebrado la tranquilidad de su vida y la de su familia.

Solo el año pasado, el Instituto de Medicina Legal realizó casi 80 mil reconocimientos médicos a igual número de mujeres (79.176 para ser precisos) por violencia familiar, y en el mismo período hizo 25.490 reconocimientos clínicos de integridad sexual.

Otro sí. De las 63.344 denuncias por violencia familiar atendidas por las fiscalías provinciales de familia y mixtas según distrito judicial, solo 27.747 concluyeron en demandas judiciales. Hasta junio pasado ya eran 17.826.

¿Cuántas de esas demandas concluyeron en sentencias judiciales? Las estadísticas del Poder Judicial no las registran.

Según datos del Movimiento Manuela Ramos, solo en el Juzgado Penal de Lima 43, en un año y medio (de enero del 2005 a junio del 2006), se admitió 25 procesos judiciales en violencia familiar y sexual. El resultado: cuatro sentenciados (dos condenados --un caso en violencia familiar y otro en violencia sexual-- y dos absueltos) y uno fue archivado. Siguen en trámite 17 procesos.

RUMBO A LA CORTE
Pero el problema no solo radica en la lentitud procesal. Las agraviadas tampoco obtienen medidas cautelares (cese de la violencia, suspensión de las visitas a los hijos, salida del agresor de la vivienda, entre otras).

Es el caso del niño Dennis Falvy Costa, hijo del economista que protagonizó un caso de violencia familiar. "Ante las constantes negaciones del Poder Judicial para otorgarle las medidas cautelares de protección que hemos solicitado para él en forma reiterada, hemos visto necesario acudir a una instancia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH)", explica la doctora María Isabel Rosas Ballinas que ve el caso.

La demanda persigue que la CIDH otorgue las medidas cautelares en favor del niño Falvy Costa y que el Estado peruano se sienta obligado a revisar sus procedimientos y normas sobre violencia familiar, y que dé cuenta de esos avances. También, que las medidas cautelares se otorguen en el día y que la detención no prospere contra madres que ejercen tenencia de sus hijos cuando se ha demostrado que hay peligro para los niños.

El plazo de 20 días que la CIDH dio al Estado peruano para que informe sobre las medidas adoptadas con el fin de proteger la vida y la integridad personal del niño Dennis Falvy Costa está por cumplirse. Hasta el cierre de esta edición, la situación del menor no había variado. "Se ha demostrado con pruebas contundentes que estas dos personas (el niño y su madre, Isabel Costa) están siendo amenazadas de muerte y pese a ello no se han dado medidas cautelares para el niño", subrayó.

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