FALLO DE LA JUSTICIA SUPRANACIONAL
Resolución dispone plazo de un año para que se informe de medidas y se desagravie a víctimas
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado Peruano investigar la muerte de Saúl Cantoral, ex secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, así como el asesinato de la activista Consuelo García, quienes fueron baleados en Canto Grande el 13 de febrero de 1989, durante el primer gobierno de Alan García y, presumiblemente, por integrantes del comando paramilitar Rodrigo Franco.
Según informó Ideele Radio, la CIDH también dispuso que en el plazo de un año se le informe de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a este fallo.
"El Estado debe investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables", señala la resolución de Sergio García Ramírez, presidente de ese organismo supranacional.
El tribunal ordenó también que el Estado otorgue una beca en una institución pública en beneficio de Ulises Cantoral Huamaní, hermano de Saúl, de Pelagia Mélida Contreras de Cantoral y de los hijos de Saúl Cantoral, a efectos de que cubra todos los costos de su educación, hasta la conclusión de sus estudios superiores, de capacitación o actualización.
El documento establece, además, que se posibilite la continuación, por el tiempo que sea necesario, del tratamiento psicológico de Vanessa y Brenda Cantoral Contreras.
La CIDH ordenó también que dentro del plazo de seis meses se realice un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado en relación con las violaciones declaradas en esta sentencia.
Gloria Cano, representante de los deudos de los dirigentes asesinados, señaló que el fallo de la CIDH confirma que en el Perú no se garantizó "un verdadero acceso a la justicia".