Responsabilidad punible de autoridades

La racha de accidentes en carreteras de los últimos días es tan sangrienta e indignante que exige que las autoridades asuman su grave responsabilidad para marcar una línea de quiebre, a partir de la cual la tolerancia cero deje de ser una frase hueca.

¡No hay derecho! La semana pasada 30 personas murieron, 15 en Huancavelica y otras 15 luego de un choque de ómnibus en Ica. Ayer otro accidente en Acarí dejó por lo menos 17 muertos y decenas de heridos.

¿Por qué sucede todo esto? Lo más saltante y sublevante es la falta de controles adecuados para detectar, suspender y detener a ómnibus sin licencia, sin lista de pasajeros, carentes de seguros al día o que sean sospechosos de ser ómnibus-camión o de haber cambiado placas, registro de motor, etc.

Lo peor es que todo esto sucede hoy a vista y paciencia de las autoridades que, como en el Gran Bonetón, se señalan una a otra sin sentarse a hacer un mea culpa y analizar concienzudamente cómo evitar que las carreteras sigan tiñiéndose de sangre y que los pasajeros continúen siendo víctimas de asaltos, en racha alarmante.

Allí están el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (la entidad gubernamental que permite la informalidad rampante), la Policía Nacional (por cuyas garitas de control pasa cualquiera) y los gobiernos regionales y las municipalidades (que exigen más atribuciones pero no ordenan, coordinan ni controlan los paraderos o terrapuertos).

Esta situación es insostenible y hace más urgente la definición de una nueva política de seguridad en el transporte interprovincial, integral y firme, que castigue y erradique la informalidad y la corrupción; que imponga de una vez la obligatoriedad de las revisiones técnicas; que prohíba la importación de ómnibus de segunda mano, tan inseguros como contaminantes; y que convierta las garitas en verdaderos lugares de prevención y de control.

El Gobierno Central, y todas las autoridades mencionadas, tienen que asumir su grave responsabilidad y entender que la principal obligación del Estado es defender la vida, integridad y seguridad de los ciudadanos. Si eso falla, pues todo el andamiaje estatal está de más.