Fue una "compra directa urgente" a empresa registrada ese mismo día

Por Alfredo Alí Alava. Unidad de Investigación

Una sobrevaloración de precios ascendente al millón y medio de dólares se habría producido a raíz de la reciente compra de material antimotines realizada por la Dirección de Logística de la Policía Nacional a una empresa que, para mayor sospecha, fue inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) el mismo día de la adjudicación.

Se trata de una de las últimas compras autorizadas por el Ministerio del Interior como parte de su Plan Anual de Adquisiciones 2007 (ampliado), en la que la PNP adquirió 35 mil granadas (bombas) lacrimógenas, 50 mil cartuchos lacrimógenos y 20 mil proyectiles de goma, destinados a las unidades antidisturbios.

La adquisición, además, estaría salpicada de otras aparentes irregularidades.

El monto que el Estado pagará por esta compra a la empresa Combined Systems INC --según cifras oficiales publicadas en la página web del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode)-- es de 3 millones 220 mil 600 dólares. Sin embargo, esta no debería haber superado el millón 700 mil, por lo cual --como ya se dijo-- habría un excedente de un millón y medio de dólares.

La diferencia entre el costo real y lo que se va a pagar se calcula en base al cotejo de dos fuentes: primero, los precios que nos ofrecieron los representantes de empresas internacionales dedicadas a la producción y venta de granadas, cartuchos lacrimógenos y balas de goma; segundo, el análisis y la comparación de precios que muchos distribuidores y tiendas particulares revelan públicamente en Internet (ver infográfico).

SIN LICITACIÓN
Es necesario señalar que, en mérito a la Resolución Ministerial 0563-2007 IN/PNP del 18 de julio del 2007, firmada por el titular del Interior, Luis Alva Castro, la compra fue exonerada del proceso de licitación y se encargó a la Oficina General de Administración (OGA) "efectuar las gestiones necesarias para la adquisición".

Dado el monto de esta operación comercial, la compra se debió someter a una licitación pública internacional que --como se sabe-- es un proceso más transparente. ¿Por qué no se convocó a licitación? Sencillamente porque --como en otras tantas ocasiones-- se argumentó que había un serio desabastecimiento de material, y así sobrevino la exoneración y la llamada "compra directa urgente". El Ministerio del Interior, en todo caso, tiene un extraño concepto de sus urgencias, pues las granadas y los cartuchos recién llegarían al país en un plazo máximo de 120 días (cuatro meses).

Como antecedente es necesario señalar que la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección de Logística calificó de "inminente desabastecimiento" el hecho de que la División de Armamento y Municiones, a julio del 2007, contase en sus almacenes con un stock de 230 granadas lacrimógenas, 250 cartuchos lacrimógenos y ninguna bala de goma.

A todo ello hay que añadir algunos hechos extraños. Por ejemplo, los primeros trámites de la operación corrieron por cuenta de la OGA, pero el área contratante y que pagará dicho material será la Dirección de Economía de la PNP. ¿No era pertinente encargar a la Dirección de Logística de la PNP la realización de todo el proceso desde el inicio? En todo caso, ¿qué papel ha jugado en verdad la OGA?

PRECIOS CON FLETE
En cuanto al tema de los precios, dicho material se vende en el mercado internacional sin mayores restricciones. Los precios varían ligeramente según el país de origen. Así, el material que ofertan los fabricantes brasileños es más barato que el de los proveedores de EE.UU. La diferencia de precio, más que nada, tiene que ver con el costo del transporte, pues no es lo mismo enviar granadas desde EE.UU. o Francia que desde Brasil.

Dólares más o dólares menos, podría decirse que en promedio los precios que las empresas extranjeras ofrecen son: el cartucho lacrimógeno se oferta a US$13 la unidad (fue comprado a US$28), la granada lacrimógena a US$29 (fue comprada en US$50) y la bala de goma a US$0,80 (fue comprada en US$3,53). Todos los precios, en efecto, son más bajos que los que pagará el Estado, considerando que en ellos están incluidos el flete y la comisión que los representantes de las empresas distribuidoras suelen recibir por cierre de operación (entre el 6% y 10% del valor total).

PROPUESTAS
Es preciso indicar además que varios interesados enviaron cotizaciones a la OGA y a Logística de la PNP. Dos de ellos dieron los siguientes precios: Empresa A: cartucho lacrimógeno a US$20,50, granada lacrimógena a US$37,85 y bala de goma a US$1,10. Empresa B: cartucho lacrimógeno a US$17 y granada lacrimógena a US$39. Estos precios, naturalmente, pudieron ser menores si se entraba a un proceso de licitación o a una subasta inversa. Se debe considerar también que son precios por unidad, pero al por mayor, como se ha comprado, habrían estado sujetos a rebajas de hasta el 30%.

Adicionalmente, El Comercio habló con Jorge Bardisa, presidente de la empresa española Falken, fabricante de este material (ver nota aparte). Él dijo que si la PNP le hubiese dicho que la compra estaba exonerada, su representada pudo haber bajado el precio de la granada a 20 euros, es decir, a 26 dólares aproximadamente. "Es que con la exoneración ya no se paga una serie de impuestos y el valor baja. Pero nadie nos dijo nada", aseveró.

Existe, de otro lado, un hecho bastante cercano que también debió tomarse en cuenta. El Ministerio de Defensa de Colombia, a través del Fondo Rotatorio de la Policía de ese país, compró el año pasado cartuchos lacrimógenos a US$13,80 y granadas lacrimógenas a US$19,40. La información está en la web y bien pudieron verificarla los encargados de las compras en el Perú. ¿En todo caso, por qué no se consultó al agregado comercial o al agregado policial que laboran en Colombia?

Hay otro antecedente que vale la penar tener en cuenta. En el 2003, Combined Systems INC presentó a través de su representante una proforma a la PNP. A precios CIF ofertó US$19,60 por granada lacrimógena. Al parecer se trataba de una granada simple, debido a lo cual se debe adicionar unos tres dólares por la granada de tres cuerpos que ahora ha comprado la PNP.

Zambrano, sin embargo, aseguró que todo ha sido transparente, pero se sorprendió cuando le mostramos una serie de documentos en que los precios de lista, tanto de distribuidores como de tiendas comerciales, son más bajos que los que pagará la PNP.

Ni él ni el coronel Mendoza conocían esos precios. Tampoco sabían lo que se pagó en Colombia por la compra de material similar para la policía de ese país. Le indicamos que todo estaba en la web. Ambos respondieron que si bien los precios mostrados son al parecer más bajos, habría que ver si los productos tienen las especificaciones técnicas que exige la PNP.

Del mismo modo, no pudieron explicar la extraña coincidencia de que Combined Systems INC ganara la adjudicación el mismo día en que se admitió su inscripción en el RNP.

En el curso de la entrevista el coronel Mendoza explicó que se invitó a varias empresas a cotizar y que los precios referenciales reflejan las cotizaciones más bajas. A su turno, el general Zambrano sostuvo que la llegada del primer lote del material comprado será este mes, y así, sucesivamente, hasta un plazo máximo de 120 días. Le hicimos ver que el Departamento de Estado de EE.UU. otorga el certificado de exportación en 60 días, pero un asesor del general intervino para señalar que la empresa ganadora ya tenía ese permiso. Esto, en realidad, es extraño porque dicho certificado se otorga previa presentación del certificado de destino que, al parecer, aún no ha sido dado por la PNP.

Nuestros entrevistados dijeron que en este proceso no era posible hacer una subasta inversa (el precio menor gana), puesto que ello hubiese demandado alargar el plazo de adjudicación por lo menos un mes más. Pero fuentes consultadas por este Diario dijeron que solo hubiese significado una semana más.