Pongamos fin al desbarajuste en las compras del Estado

L a denuncia del ministro de Agricultura, Ismael Benavides, es valiente, esclarecedora y ejemplar. No solo pone en evidencia casos de corrupción flagrante, perpetrados en el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (Conacs), sino que ratifica la urgencia de aprobar la nueva ley destinada a acabar con el desbarajuste en las compras y ventas estatales.

No es frecuente que un ministro de Estado revele manejos oscuros en su sector y destituya sin demora al responsable, en una línea de coherencia con el supuesto compromiso del Gobierno con el buen manejo de los recursos públicos.

Más allá de las investigaciones que tendrán que realizarse en el Conacs, corresponde ahora garantizar que estos hechos sean sancionados ejemplarmente, como lo establece la nueva ley propuesta por el Ejecutivo.

Aprobar esa norma debería ser la primera tarea del Congreso en la presente legislatura, para que no sean de moneda cotidiana las licitaciones irregulares, las sobrevaluaciones groseras, las ventas clandestinas debajo de la mesa y el salto de garrocha a los sistemas de control que afectan negativamente al mercado y que convierten al Estado en un competidor desleal y desconfiable.

El consenso de todas las tiendas políticas para endurecer las reglas que norman las adquisiciones y contrataciones es indiscutible. De lo que se trata es de garantizar la transparencia estatal, señalar niveles de responsabilidad claros y depurar el Estado de burócratas que entrampan los trámites y usufructúan descaradamente del poder como si fuera su propiedad.