Fiscalización y Justicia con integrantes cuestionados

Por Juan Vargas Sánchez

Congresistas cuestionados por supuestos actos de corrupción y conductas poco éticas se han acomodado en los grupos de trabajo encargados de fiscalizar el manejo del dinero público y de dictar leyes relevantes para la administración de justicia en el Perú.

Santiago Fujimori, actualmente procesado por su participación en la compra del avión presidencial durante la presidencia de su hermano Alberto, será durante los próximos doce meses miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento.

Durante el gobierno de Fujimori se cometieron actos de corrupción y violación de los derechos humanos, por los que incluso la justicia peruana ha solicitado que se extradite al ex gobernante desde Chile.

Como miembro de ese mismo grupo de trabajo está la aprista Tula Benites Vásquez, acusada de haber contratado a un asesor que nunca fue a trabajar y cuyo sueldo al parecer era cobrado por la propia congresista. Por si no fuera suficiente, Benites también es miembro accesitario de la Comisión de Fiscalización.

Acusado por un caso similar al de Benites, el congresista fujimorista Ricardo Pando Córdova ha sido inscrito como miembro hábil de la Comisión de Fiscalización, es decir, que el parlamentario que habría inducido a un mal uso de los recursos financieros del Congreso se encargará de investigar malos manejos en los dineros del Estado.

Tanto Benites como Pando están pendientes de sanción por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, mientras que la Comisión de Ética Parlamentaria ha recomendado la suspensión de sus funciones por 30 días y 120 días, respectivamente. Sin embargo, sus procesos se han visto frustrados por maniobras políticas.

En la Comisión de Ética, las continuas ausencias del aprista José Carrasco Távara frustraron hasta en dos oportunidades que se pudiera sancionar a esos legisladores. Precisamente, Carrasco también ha sido designado miembro de la Comisión de Fiscalización; y como suplente está Walter Menchola (UN) actualmente suspendido de sus funciones por contratar a otra asesora fantasma.

En ese mismo grupo de trabajo está como miembro accesitario Nancy Obregón Peralta, quien ha sido sentenciada a cuatro años de prisión al ser encontrada responsable de participar en la quema de un patrullero y dos motocicletas en Tingo María durante disturbios producidos el 22 de mayo del 2004. La parlamentaria ha apelado ese veredicto.

El Poder Judicial ha pedido además que se levante la inmunidad de Obregón para que sea juzgada por su violenta incursión en el hemiciclo del Legislativo --en plena discusión sobre el TLC con EE.UU.-- cuando aún no había jurado como representante del pueblo.

Por participar en esos incidentes también hay un pedido de levantamiento de la inmunidad de Juana Huancahuari Paúcar, quien pertenecerá a la Comisión de Justicia durante la presente legislatura.