Infraestructura de 122 distritos será rehabilitada

Por Juan Vargas Sánchez / Rocío La Rosa Vásquez

Con correcciones de última hora planteadas por las diversas bancadas de la oposición, el Congreso de la República aprobó anoche la creación del Forsur, el fondo que servirá para la reconstrucción de las ciudades e infraestructura pública, afectadas por el sismo del pasado 15 de agosto.

A pesar de que todos los congresistas manifestaron desde temprano su disposición a crear este fondo que será ejecutado por el empresario avícola Julio Favre, su aprobación ayer en el pleno corrió peligro ante la avalancha de pedidos de modificación que realizaron los legisladores.

El acuerdo que alcanzó por la mañana el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, con los portavoces de los diferentes grupos políticos representados en el Parlamento no resultó suficiente para todos. Allí, el Gobierno aceptó que Forsur no dependa de la Presidencia de la República sino de la Presidencia del Consejo de Ministros, y que los directores de ese organismo estén sujetos a los mecanismos de control de gasto normales.

A pesar de ello, en la sesión vespertina del pleno hubo nuevos pedidos, por lo que se tuvo que pedir un cuarto intermedio para debatirlos.

La mayor parte de las solicitudes estuvo referida a incluir a Huancavelica dentro de los alcances del fondo, a eliminar que a los directores ad honórem del Forsur se les cubra "otros gastos" aparte de pasajes y viáticos, a que la sede de la nueva entidad no esté en Lima sino en Ica, y a que se incluya la infraestructura de riego y hospitales y postas médicas entre aquella que tendrá que rehabilitarse.

Al final, el oficialismo se allanó a todas las peticiones y el proyecto de ley se aprobó con 69 votos a favor, cero en contra y las 17 abstenciones de los parlamentarios del Partido Nacionalista, quienes demandaban que el fondo debía ser manejado por los presidentes de las regiones afectadas. Del Castillo dijo claramente que en este tipo de emergencias es el Gobierno Central el que asume la labor de reconstrucción.

DE APLICACIÓN INMEDIATA
La norma aprobada ayer fue exonerada de segunda votación y de trámite de actas para que sea aplicada de inmediato. Se declara en emergencia y de interés nacional la rehabilitación y reconstrucción de diez provincias y 122 distritos de Huancavelica, Ica y Lima.

El Forsur canalizará todo el dinero público y donaciones que se pondrán a disposición de la tarea de reconstrucción.

Aparte del representante presidencial, conformarán el directorio los presidentes regionales de Lima Provincias, Ica y Huancavelica, así como los alcaldes de Ica, Chincha, Pisco, Cañete y Yauyos.

La conformación de un fondo fiduciario no será obligatoria, tal como había planteado el Ejecutivo, sino una decisión que deberá tomar el directorio del fondo para la reconstrucción del sur.

LAS CUENTAS CLARAS
Los directores del Forsur deberán realizar e implementar un plan de reconstrucción sobre el que deberán rendir cuentas --mediante informes trimestrales de gestión y resultados-- al presidente de la República y al Congreso. Las comisiones ordinarias del Legislativo se encargarán de fiscalizar la labor realizada, según su área de competencia.

Además, la administración del Forsur y la ejecución de sus recursos se encontrarán sujetas al quehacer de la Contraloría General de la República.

El Gobierno quería que se autorizase al Instituto Nacional de Defensa Civil a saldar una deuda del 2006 por la adquisición de 25.000 camas. Del Castillo explicó que era imprescindible recuperar la condición de "buen pagador" del Indeci, pero los congresistas respaldaron el pedido de su colega Carlos Bruce (AP) y decidieron que ese tema se debata y solucione en la siguiente sesión del pleno del Congreso.

El Ejecutivo también había planteado que se otorgara facultades para legislar en materia de titulación de tierras, expropiaciones y saneamiento de tierras. El Congreso --atendiendo a Rafael Yamashiro de UN-- se negó a este pedido, a pesar de que el primer ministro explicó que la delegación era necesaria para dar celeridad a las obras y ante la posibilidad de tener que reubicar algunas ciudades como Pisco. A cambio, los parlamentarios se comprometieron a votar este tema en la próxima sesión plenaria.

También se negó que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda transferir recursos a través de decretos supremos, porque ello sería otorgar una facultad que va en contra de lo que dice la Constitución, según explicó Javier Bedoya (UN).