Por Fernando Rospigliosi. Ex ministro del Interior
Es escandalosa la decisión del Congreso de la República de tratar el caso de la congresista aprista Tula Benites en sesión secreta. Ese tipo de ocultismo debería estar reservado solo a muy pocos asuntos de seguridad nacional.
Lo que pensarán muchos peruanos es que en la sesión secreta el oficialismo tratará de presionar a otros congresistas que también tienen rabo de paja. Porque si hasta ahora los medios de comunicación han descubierto cuatro o cinco casos, es probable que existan varios más.
De esa manera, supondrán los ciudadanos, en una componenda indecente, intentarán atenuar la sanción a Benites.
No hay ninguna justificación para que eso ocurra. El caso de Benites ha sido demorado y obstruido durante meses con mil maniobras por el Partido Aprista, con el propósito de pasarla por agua tibia y salvarla con una sanción menor.
El problema es que con este gobierno se ha establecido una nueva categorización de ciudadanos en el Perú, los de primera, los que tienen carnet del Apra, que son inmunes e impunes. Y los de segunda, los que no tienen el preciado carnet ni parientes en el partido de gobierno.
Tula Benites cometió la misma infracción que la parlamentaria de Unidad Nacional Elsa Canchaya. A esta última no solo le aplicaron la máxima suspensión sino que la expulsaron del Congreso, como corresponde.
A Benites, sin embargo, la han protegido hasta ahora, porque es aprista y está vinculada al cogollo de ese partido.
El otro caso clamoroso es el del ministro del Interior, Luis Alva Castro. Por un fracaso similar --aunque menos sospechoso--, defenestraron a su antecesora. Alva Castro, que de yapa ha reincidido con una oscura adquisición de gases lacrimógenos sobrevaluados, sigue tranquilo en su puesto, con el respaldo del presidente y de su bancada.