Evo en la hora crucial

Por Hugo Guerra

Reflexivo lector, Bolivia parece estarse acercando a la escisión final del Estado o a una guerra civil de consecuencias imprevisibles.

En medio de la profunda crisis social, política y étnica cuyos orígenes se pierden en el momento mismo de su creación como artificial república independiente en 1825, el inefable Evo Morales convocó hace un año a una enésima Asamblea Constituyente, compuesta por 255 personas, quienes deberían elaborar un documento a ser entregado el 14 de diciembre y luego sometido a referéndum. Hoy, sin embargo, los trabajos están paralizados en medio del caos nacional.

El problema es que el oficialismo no busca un nuevo pacto social o un acuerdo al estilo español (Pacto de La Moncloa) sino, igual que en Venezuela, quiere imponer la primacía radical del movimiento aimara, para refundar la república desde una perspectiva indigenista vinculada al proyecto continental bolivariano del "socialismo del siglo XXI".

Un punto de conflicto central es el de las autonomías. Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, es decir cuatro regiones de las nueve que tiene Bolivia se oponen al proyecto de autonomías del oficialista Movimiento al Socialismo. A su turno los paceños rechazan el traslado de la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo a Sucre. Recuérdese que hasta 1899 (cuando acabó la guerra federal) allí estaban los tres poderes del Estado, mientras que ahora es la capital constitucional de Bolivia y sede solo del Poder Judicial.

De continuar la tensión, la perspectiva es la división entre dos bloques: los tres departamentos andinos de La Paz, Oruro y Potosí, que pasarían a ser "la nación de Occidente"; y, los ya mencionados de Santa Cruz, Tarija, Pando, más parte de Chuquisaca y Cochabamba que, ocupando dos tercios del territorio nacional y representando la parte más moderna y económicamente poderosa se convertiría en "la nación del oriente".

Jaquea también a la Constituyente, la reacción de los universitarios que se oponen a la propuesta oficialista de aplicar el control social en las casas de estudios superiores, lo cual equivale a terminar con la autonomía académica. Por lo demás, la reelección indefinida del presidente de la República refuerza el enfrentamiento radical.

Por tanto las movilizaciones o batallas campales son cosa de todos los días, entre los opositores al régimen y las brigadas violentas del oficialismo. Mientras tanto el Gobierno está desatando una represión muy fuerte que incluso ha ameritado el pronunciamiento de Amnistía Internacional, en el sentido de pedirle a Evo Morales que "no se violen los derechos humanos de los habitantes de Sucre". Más aun, las organizaciones independientes de periodistas están pidiendo la solidaridad internacional frente a la persecución de todos aquellos que osan denunciar los abusos gubernamentales y ponen en evidencia la infiltración activa del chavismo venezolano y del castrismo cubano.

En estas circunstancias, el tiempo para salidas negociadas se agota y si Evo decide pasar al régimen de facto vía medidas de excepción, el futuro de Bolivia, como queda dicho, puede dar paso a una guerra civil cuyas consecuencias no solo para sus habitantes, sino también para nosotros, los vecinos peruanos. Estemos, pues, alertas.