Hora de un balance

Por David Rivera del Águila. Economísta, Editor

La Vigésima Octava Convención Minera que se inicia hoy se desarrollará en la misma semana en la que se llevará a cabo una consulta vecinal --declarada ilegal por el Gobierno-- para definir si tres comunidades apoyan o no el desarrollo del proyecto cuprífero Majaz (Piura); dos semanas después de que se multara a Doe Run por no cumplir --una vez más-- con sus compromisos ambientales en la refinería de La Oroya; una luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigiera al Estado Peruano tomar medidas (en no más de 30 días) para salvaguardar la salud de los pobladores de dicho centro poblado/minero; y a una semana también de que se conociera que la mayoría de mineras (medianas sobre todo) incumple con las normas laborales (a pesar de los jugosos precios internacionales).

Pero se desarrollará también cuando ya son conocidos los casos exitosos de compañías con programas ambientales responsables y que han conseguido una buena relación con las comunidades aledañas a sus proyectos. Los casos de Xstrata en el proyecto Las Bambas (Apurímac), del consorcio multinacional a cargo de Antamina (Áncash) y de BHP Billiton en Tintaya (Cusco), son finalmente buenos ejemplos de que el sector minero no tiene por qué vivir en conflicto con su entorno social y ambiental. Asimismo, la convención se llevará a cabo cuando la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía está dando señales de que está dispuesta a impulsar que al menos sus empresas agremiadas cumplan con el aspecto legal vigente y sean ambiental y socialmente responsables (aunque también lo hizo hace poco más de un año en el caso Doe Run, pero terminó siendo un espejismo).

¿Cuál sería entonces una lectura de lo sucedido con el sector minero desde la última convención minera realizada hace dos años? Que si bien hay algunas empresas que han tomado conciencia de la importancia y necesidad de ejecutar proyectos que respeten el medio ambiente y que incorporen en ellos el desarrollo de sus zonas de influencia, estas son aún pocas y son sobre todo multinacionales que internacionalmente ya operan bajo estos estándares. Otra evidencia palpable es que el Estado continúa cumpliendo a duras penas con su misión, y que lo hace básicamente cuando es inevitable apagar un incendio, como sucedió recientemente con el caso Casapalca.

Lamentablemente, hoy la única respuesta posible desde el Estado parece ser la que dio la semana pasada el primer ministro Jorge Del Castillo para el caso Majaz, cuando señaló que harían respetar la ley. Más lamentable es que esa respuesta no la escuchemos con la misma energía cuando el Estado tiene que enfrentar casos como el de Doe Run, porque si algo hace que las comunidades y las ONG tengan razones o justificaciones para oponerse al desarrollo de proyectos mineros son casos como el de la empresa estadounidense.

En este sentido, el futuro de la minería no depende de que se desaparezca las ONG o de que las comunidades dejen de quejarse, sino de quitarles las razones para desconfiar y oponerse. Esperar que el Estado cumpla su responsabilidad en esta tarea sería como hacerlo sentado en un banco de oro. Por ello seguimos apostando a que sean los buenos ejemplos de desarrollo minero, social y ambientalmente responsables, los que marquen la pauta de lo que hay que hacer en el sector. Y en eso, el gremio empresarial tiene aún una ardua tarea por delante.