Dos años que se hicieron eternos

Por Francisco Sanz Gutiérrez

Aquel domingo 6 de noviembre del 2005, Alberto Fujimori no merecía ninguna nota importante en primera plana. A punto de cumplir cinco años en su cómodo refugio en Japón, El Comercio consignaba en páginas interiores dos referencias al ex mandatario.

La primera era la promesa de Alejandro Tudela, a la sazón ministro de Justicia, de llevar a la Corte de La Haya la demanda de extradición antes de que acabara el año. La segunda era la aseveración de la saliente fiscal de la Nación, Nelly Calderón, de que en dos semanas prescribía la inmunidad política de Fujimori y empezaría a ser investigado como una persona corriente.

Cuando esas líneas empezaban a ser digeridas por los lectores más madrugadores del diario, probablemente el extraditable pasaba volando sobre sus cabezas en un avión privado que, luego de hacer escala en México, lo depositó en Chile sin previo aviso.

Tan alucinante como el arribo a la capital del vecino sureño fue la nota de la oficina de prensa fujimorista de ese día: "Es mi propósito permanecer temporalmente en Chile como parte del proceso de mi retorno al Perú y cumplir con el compromiso adquirido con un importante sector del pueblo peruano, que me ha convocado para participar como candidato a la presidencia de la República en los próximos comicios del 2006".

Fue la primera de las miles de frases y hechos que en estos casi dos años engrosaron el expediente del ex gobernante en Chile.

Si bien esta novela empieza la noche misma del día de la llegada a Santiago --Fujimori fue sacado del hotel Marriott y recluido en la Escuela de Gendarmería, mientras se le negaba la libertad provisional--, el proceso formal se inicia el 3 de enero del 2006, cuando el Estado Peruano pide la extradición por diez delitos de corrupción y dos de violaciones a los derechos humanos.

A fines de ese mes, el juez Orlando Álvarez interroga por primera vez a Fujimori y los familiares de las víctimas del fujimorato envían una carta al entonces presidente chileno, Ricardo Lagos, en la que claman por el retorno del ex mandatario al Perú.

A principios de abril la empresaria japonesa Satomi Kataoka anuncia en Tokio su casamiento con Fujimori, pero no virtual como podría suponerse por la lejanía entre los cónyuges, sino a través de una carta poder.

El 18 de mayo del 2006 llega un presunto mal augurio para los fines de extradición: la Corte Suprema chilena otorga libertad bajo fianza al ex jefe del Estado, aunque mantiene sobre él una orden de arraigo (se le prohíbe abandonar el país). Tras medio año de encierro, Fujimori se instala en una mansión del selecto barrio de Las Condes.

Espoleado por haber ganado nuevamente la calle, se ufana de que la corriente fujimorista "sigue viva" en el Perú, expresa su calculado deseo de quedarse a vivir en Chile si no es extraditado y lamenta que se lo acuse por "casos aislados". Mortificado, el Gobierno Chileno insta a la justicia de su país a que se le prohíba realizar comentarios políticos.

Tres meses más tarde, el máximo tribunal sureño recomienda al magistrado Álvarez acelerar los trámites, los deudos de las víctimas protestan ante la casa de Fujimori y el procurador anticorrupción Carlos Briceño reconoce que el proceso puede extenderse hasta fines del 2006 "o un poquito más".

Cuando el 6 de noviembre, a un año exacto de la llegada a Santiago del extraditable, Álvarez cierra la etapa de sumario, la decisión parece inminente.

LICENCIAS Y POSTERGACIONES
Pero la espera estaba lejos de terminar. Estaban por empezar las versiones cruzadas y los retrasos. En enero del 2007, la Corte Suprema rechaza el pedido de los abogados de Fujimori para reabrir las indagatorias. Al mes siguiente, "El Mercurio" publica que el ex jefe del Estado mantiene un acuerdo secreto con Alan García para evitar la extradición, lo cual es desmentido sin demora por el régimen aprista.

Por entonces, Fujimori se muda a un lujoso departamento en la misma zona de Las Condes, Amnistía Internacional intensifica sus campañas en pro de su juzgamiento y los rumores sobre su eventual fuga del país obligan al canciller Alejandro Foxley a recalcar que el ex mandatario permanece vigilado por un sistema de protección especial.

Tras la enésima postergación de su decisión por problemas de salud, la fiscal Mónica Maldonado recomienda el 7 de junio la extradición por la mayoría de cargos en un documento de más de 50 páginas. De inmediato, Fujimori queda bajo arresto domiciliario en una residencia de un exclusivo condominio de las afueras de Santiago.

Aplazada también la decisión del juez Álvarez, el presidente que renunció por fax anuncia su insólita postulación al Senado nipón, un globo que perdió aire un mes más tarde, al consumarse en las urnas el estrepitoso fracaso por alcanzar una curul.

Pero para entonces, Fujimori ya había encontrado consuelo en el veredicto de Álvarez, quien el 11 de julio le puso luz roja a la solicitud de extradición, para felicidad de las huestes fujimoristas.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema nos tiene hoy en ascuas con la --también pospuesta-- sentencia final e inapelable, aunque tal como adelantara este Diario el último martes, todo indica que se ordenará el retorno del ex gobernante al Perú por los delitos contra los DD.HH., es decir, con la carga más pesada de la maleta.

En estas circunstancias, la frase que soltara hace unos días el presidente García --"la están haciendo larga"-- exterioriza una sensación generalizada. Pero si no hay sorpresas de última hora, la historia de Fujimori en el vecino del sur --que, al margen de su vida judicial, ha sabido de viajes a balnearios caros, de cenas en restaurantes exquisitos y de partidas de golf en clubes exclusivos--parece llegar a su fin. Otra historia más trascendente estaría por empezar en el Perú.

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