Por Jorge Bruce. Psicoanalísta
El anuncio de la Corte Suprema de Chile, diciendo que había llegado a un veredicto respecto de la solicitud de extradición, el cual comunicarían oportunamente --es decir, cuando les parezca-- ha producido reacciones dispares entre los peruanos.
Hay quienes llaman a la serenidad y recomiendan confiar en la justicia chilena: desde juristas que defienden sus fueros con algo de corporativismo, hasta los fujimoristas y sus aliados políticos del Gobierno, esperanzados en el fallo del ministro Álvarez, que se muestran deferentes y reverenciosos con el tribunal chileno. Pero abundan quienes no pueden reprimir su impaciencia y preocupación, precisamente porque el dictamen del citado juez les parece --me incluyo-- indignante y vergonzoso. En suma, un precedente nefasto. Resulta desesperante y hasta humillante, más allá de las consideraciones legales, que nuestra posibilidad de hacer justicia a tantas víctimas se encuentre en manos de magistrados de otro país, máxime cuando se trata de uno limítrofe, con el que tenemos una serie de contenciosos históricos y actuales.
Es cierto, así son los tratados de extradición y, en ocasiones, han servido para proteger a perseguidos políticos de países totalitarios. Pero en un caso como el de Fujimori, que se asemeja al de un dictador corrupto y violador de los derechos humanos --es una tautología-- como Pinochet, es difícil mantener la calma que se nos pide y no irritarse con la defensa un tanto arrogante de la independencia del Poder Judicial chileno. ¿Cuál independencia? ¿La de la fiscal Maldonado o la del juez Álvarez? ¿La de los chilenos que condenan la dictadura o la de quienes la extrañan? Más bien se advierte una angustia de signo diverso: entre el deseo y el temor de que argucias legales y consideraciones de 'realpolitik' permitan que un criminal se salga con la suya.