Divino patrimonio

Por Carlos Contreras*

Si a través de algún túnel del tiempo pudiéramos trasladarnos al Perú de hace doscientos cincuenta años, una de las cosas que nos sorprendería más sería lo pequeño que era el Estado. Muchos de los servicios que hoy provee, eran brindados por instituciones creadas por la población. Así, los hospitales, cementerios y escuelas, los orfanatos y los léperos, eran atendidos por instituciones eclesiásticas o sociedades de beneficencia conformadas por gente piadosa radicada en cada lugar. Para poder sostener estos servicios, que hoy llamaríamos "sociales", las organizaciones bienhechoras contaban con un surtido de bienes inmuebles y de capitales. Muchos de estos habían llegado a ellas mediante donaciones testamentarias de hombres que valoraban estos servicios o que buscaban, en medio de una sociedad que infundía un fuerte temor a Dios, la salvación del alma.

En ciertos casos, las órdenes religiosas, cofradías o colegios, optaban por administrar directamente los bienes disponibles, como los jesuitas, que contaban con varias haciendas en la costa y la sierra. Pero la mayoría de las veces se echaba mano al recurso de convertir estos bienes en un flujo de dinero periódico y fijo, mediante el procedimiento de los "censos". Estos eran mecanismos financieros capaces de convertir un activo físico o una cantidad de dinero en una renta anual vitalicia, o aún eterna. Para ello, el "dominio útil" del bien en cuestión -digamos una hacienda-era entregado a un censatario, quien se comprometía a pagar regularmente una suma fija a quien tenía el "dominio directo" (lo que hoy llamaríamos "el dueño"). Así, de cada propiedad vivían dos: el dueño y el conductor. Y si el primero tenía bastantes propiedades, le tocaba convertir sus rentas en servicios a favor de los menesterosos. Así todos comían, había paz social y algunos ganaban el cielo.

Desde la segunda mitad del siglo XVIII apareció, sin embargo, la convicción de que este sistema se oponía al progreso económico. La crítica de los nuevos pensadores ilustrados fue ganando la mente de los hombres de Estado. De acuerdo a ellos, el flujo de la propiedad inmueble en el mercado quedaba bloqueado al perpetuarse los bienes en manos de instituciones corporativas que ni los administraban directamente, ni daban al dinero percibido como renta un fin lucrativo. Además, el Estado no obtenía todos los impuestos que podría. Esto dio lugar a campañas contra el así llamado "régimen de manos muertas", a las que se dio el nombre de "desamortización".

La desamortización, sobre todo de la tierra, fue el gran tema del debate público entre finales del siglo dieciocho e inicios del diecinueve. Suponía eliminar las formas de propiedad, y las cargas financieras sobre la tierra, que dificultasen su circulación en el mercado. Ella debía poder venderse al mejor postor, bajo la idea de que quien pagase más, sería quien podía sacarle el mayor provecho. El Estado y los arrendatarios del suelo encabezaron esta cruzada desamortizadora; mientras las instituciones corporativas como la Iglesia y las comunidades de antiguo régimen, como las aldeas campesinas, se opusieron. En España o México el enfrentamiento llegó a la guerra civil.

Fernando Armas Asín, profesor de las Universidades Pacífico y San Marcos, acaba de publicar un libro dedicado al tema de la desamortización de los bienes eclesiásticos en el Perú, entre la época final del virreinato y la primera mitad del siglo veinte. Uno de sus hallazgos es que la desamortización no fue una iniciativa enteramente republicana, sino un proceso iniciado, en lo fundamental, en la segunda mitad del siglo XVIII, con episodios como la expulsión de la orden jesuita (1767), la consolidación de los vales reales (1804-1809) y la abolición de la Inquisición (1813). El segundo de estos episodios consistió en una orden para que todos los deudores pagasen en un brevísimo plazo sus deudas, o devolviesen el capital recibido; pero no a sus acreedores, sino al Estado español, quien en recompensa les entregaría unos vales que redituaban un tipo de interés. A cambio, los deudores se hacían de la propiedad que administraban. Esta medida, que en México llegó a causar conmoción, no parece haberse cumplido a cabalidad en el Perú, pero sí alcanzó, de acuerdo al autor, un cierto impacto.

Después de la Independencia, la campaña de la desamortización continuó, con medidas dictadas por gobiernos tan disímiles como los de Agustín Gamarra, José Rufino Echenique y Juan Antonio Pezet. Después de la guerra con Chile, el proceso no amainó, y en 1893 y 1902 se dictaron nuevas medidas contra la propiedad eclesial "vinculada" en respuesta a las maniobras de las órdenes religiosas para defender su patrimonio económico.

Los bienes desamortizados pasaron a manos de propietarios particulares, quienes, en el caso de la costa, procedieron a hacer las inversiones que permitieron el nacimiento de una agricultura de exportación, y a urbanizadoras que aprovecharon comercialmente la veloz expansión de Lima en el siglo veinte. El Estado debilitó la economía de una organización rival como era la Iglesia. Al privarla de sus ingresos propios, la convirtió en una entidad económicamente dependiente.

Armas matiza esta conclusión, señalando que la desamortización "[.] no tuvo un impacto devastador en las instituciones eclesiásticas, toda vez que los censos fueron reemplazados por réditos iguales del Estado, luego convertidos en depósitos bancarios más seguros." (p. 190). Así concluye que: "[.] habría que descartar la idea [.] de que la vinculación afectó dramáticamente a las instituciones eclesiásticas [.] Lo que hubo fue una readecuación estructural que a la larga no afectó a la Iglesia." (p. 192-193). No obstante, habría que escuchar si los miembros de la Iglesia están de acuerdo a que el cambio (forzado) de sus propiedades por títulos del Estado o depósitos bancarios fue para ellos una sustitución satisfactoria. El debate está abierto. Fernando Armas Asín. Iglesia: bienes y rentas. Secularización liberal y reorganización patrimonial en Lima 1820-1950. Lima: IEP-IRA, 2007.

*Historiador. Profesor de la PUCP y miembro del IEP.