Por Diego García Sayán. Ex cancillerde la República
Este proceso de extradición no ha sido nada fácil para nuestro país. La magnitud del fenómeno de corrupción y de violación de derechos humanos que tenía entre sus manos la justicia peruana no tenía precedentes en nuestra historia. Los cuadernillos de extradición se presentaron en el año 2002 con los elementos que hasta ese momento el Poder Judicial había determinado e incluían entre otros el Caso Barrios Altos. Es cierto que surgieron muchas críticas pero se olvidaba que expedientes de extradición no son el sinónimo de una condena porque eso deriva de todo un proceso judicial. Lo que había --y lo que hay en los expedientes que han servido de base para la extradición-- son indicios consistentes de la participación de Fujimori en una serie de hechos delictivos como que tienen que ver con corrupción y con graves violaciones de derechos humanos.
Es muy importante persistir en que la justicia siempre esté detrás de este pedido de extradición que ha presentado el Estado Peruano y que ha tenido continuidad en varios gobiernos. Se ha vencido al escepticismo de quienes pensaban que no iba a ser aprobado nunca. Las limitaciones que pudieran haber existido al inicio del proceso tenían perfecta explicación por la dimensión del fenómeno sin precedentes que se tenía que enfrentar.
Hay que rendir tributo a tantos jueces y fiscales que al recuperarse la democracia en el 2000 pudieron recuperar su rectitud de actuar y sus razonamientos de acuerdo con el derecho vigente y los tratados internacionales de los que es parte el Perú. Creo que el país ha dado un ejemplo al mundo en estos últimos años de cómo se puede enfrentar un proceso de corrupción y de violación de derechos humanos poniendo en acción a la justicia y no a la venganza política y la persecución. Aquí solo hay tribunales independientes que nadie se atrevería a decir que están digitados por el Poder Ejecutivo o por un servicio secreto de inteligencia.
Lo que ahora toca es llevar a Fujimori al centro de reclusión que determine la autoridad penitenciaria y finalmente comparecer en estos procesos para los que la justicia lo espera desde hace 7 años. Como ciudadano demócrata y respetuoso de los derechos humanos, espero que se respeten los derechos del procesado a la defensa y que se le preserve sus condiciones de persona y su propia condición de presidente, con toda la pulcritud y seriedad con la que, por cierto, no se respetaron los derechos de los adversarios de Fujimori cuando era el gobernante de Perú. La democracia está por encima de la venganza y el hostigamiento.
Es momento de darle espacio a la justicia para que sin componendas políticas actúe con la absoluta y total tranquilidad de que es un espacio estrictamente jurídico y no se pueda dar cabida a la impunidad. Los miembros de la Corte Suprema en el país son profesionales correctos y ellos tomarán como les corresponde las riendas del proceso. La autoridad política debe abstenerse de intervenir en un proceso que hay que dejar que los jueces y fiscales peruanos conduzcan.