Ahora toca a los jueces peruanos actuar con imparcialidad

El fallo de la Corte Suprema de Chile que autoriza la extradición del ex presidente Alberto Fujimori es histórico para el Perú y el mundo.

Y no solo porque revierte la previa sentencia absurda del juez Orlando Álvarez, que pedía pruebas definitivas, sino porque permitirá --en un hecho sin precedentes-- juzgar aquí a un ex jefe de Estado por graves delitos contra derechos humanos y corrupción cometidos durante su gobierno, que no deben ni pueden quedar impunes.

Corresponde ahora a los jueces peruanos tomar la posta para aplicarse a este caso con eficiencia, autonomía y pleno respeto al debido proceso, en todas sus etapas.

Por su parte, el Gobierno, los fujimoristas, la oposición y los ciudadanos en general tienen que dejar trabajar a los jueces y fiscales, sin someterlos a presiones políticas ni interferencias de ningún otro tipo.

LA SUPERIORIDAD DE LA DEMOCRACIA
A diferencia de lo que Fujimori hizo durante su gobierno autocrático, instrumentando a la justicia y persiguiendo y amedrentando a sus enemigos, ahora el extraditado debe tener un juicio justo. Efectivamente, este caso histórico tiene que terminar con una sentencia serena, contundente y motivada que demuestre la grandeza y superioridad del Estado de derecho democrático, que aplica la ley imparcialmente y sin revanchismos.

Los delitos en los que los jueces chilenos encontraron indicios razonables para la extradición y que serán ahora materia de juzgamiento por sus pares peruanos son siete y de severa gravedad.

Cinco de ellos son por corrupción (allanamiento domiciliario, interceptación telefónica, soborno a medios de comunicación, pago de 15 millones de dólares por CTS a Vladimiro Montesinos y por los congresistas tránsfugas) y dos por delitos contra derechos humanos, que son imprescriptibles: torturas en los sótanos del local del Servicio de Inteligencia y las cruentas masacres de Barrios Altos y de La Cantuta.

ESTRATEGIA Y CARCELERÍA
Estamos de acuerdo en que el trato a un ex jefe del Estado debe ser peculiar y digno. Sin embargo, debemos recordar también que, en todo momento, Fujimori ratificó su condición de prófugo contumaz y se resistió al imperio de la justicia peruana. Y también que su postulación al Senado japonés respondía a la misma estrategia de evadir a la justicia.

Por lo mismo, que diga ahora que el pronunciamiento de la Corte Suprema chilena es parte de su estrategia para retornar al Perú suena tan cínico como absurdo y risible. Lo que parece es que esto no estaba en sus planes, por lo que su carcelería en nuestro país debe merecer una evaluación cuidadosa, tanto para evitar una eventual fuga cuanto para permitir el desplazamiento a los juzgados sin promover circos mediáticos ni proselitistas.

LA DUPLA FUJIMORI-MONTESINOS
Es indudable que Fujimori, junto con Montesinos, encabezó un régimen autoritario en el que, por propia confesión, él tomaba las más importantes decisiones. Resulta, por tanto, poco creíble que diga ahora que ignoraba los excesos de su régimen, y así lo confirman las evidencias y los testigos en los juicios ya iniciados.

Por lo demás, en sentido amplio, juzgarlo por siete delitos resulta una formalidad ante la terrible debacle política, económica y moral en la que dejó sumido a nuestro país, al que sometió a la fractura autogolpista y a cuya presidencia renunció vergonzosamente por fax.

La consolidación democrática, la reconciliación nacional y la memoria histórica son objetivos nacionales que pasan por el respeto a la independencia de los poderes públicos y la lucha contra la impunidad. Los jueces, los fiscales y los procuradores tienen el gran reto de responder con eficiencia y probidad a este clamor ciudadano, tomando como caso emblemático el juzgamiento de Fujimori. Y ni el Congreso (en el que los fujimoristas insistieron sospechosamente en encabezar comisiones clave como la de RR.EE., lo que pudiera crear conflictos de interés) ni el Ejecutivo pueden supeditarlos ni desviarlos de este trascendental objetivo.