La estrategia legal

Por Martha Chávez de Ocampo. Ex congresista fujimorista

La decisión adoptada por la justicia chilena de aceptar la extradición del ex presidente Alberto Fujimori abre una nueva etapa en el difícil --pero necesario-- camino de regreso al ejercicio directo de sus derechos como ciudadano peruano, esto es, participar en la vida política del Perú.

A quienes, simpatizando con Fujimori, les preocupa lo decidido en Chile y lo que sucederá próximamente en el Perú, hay que hacerles notar que se está dando un paso adelante en la solución de los problemas legales creados al ex presidente Fujimori por sus adversarios políticos como represalia por sus actos de gobierno.

Si el ex presidente hubiera permanecido en Japón --lugar que amigos y adversarios consideraban el más seguro para su tranquilidad personal-- seguirían abiertos aquí los procesos y vigentes los obstáculos creados. Consciente de ello y oyendo el reclamo de millones de peruanos que pedían su retorno a la vida política activa, el ex presidente Fujimori tomó el camino de regreso, deteniéndose transitoriamente en Chile sabiendo que ello provocaría el proceso de extradición.

Si la extradición hubiera sido denegada, la situación legal antes descrita hubiera permanecido inalterada y la decisión siguiente tendría que haber sido la de volver al Perú, revestido de una coraza moral y política mas no legal ya que todas las acusaciones contra él seguirían vigentes en el Perú.

La extradición concedida ha servido para sincerar y decantar la situación legal del ex presidente Fujimori pues en el camino han quedado seis expedientes y decenas de acusaciones por delitos. Ha servido para que, a diferencia de la situación de fines del 2000 en adelante, hoy Alberto Fujimori tenga el escudo del compromiso del Estado y del Gobierno Peruano ante Chile y el mundo entero, de que sus derechos serán respetados.

Como veterana de un proceso judicial que duró 42 largos meses, para que al final se reconozca mi inocencia, puedo afirmar que un juicio penal no significa culpabilidad y que la justicia peruana deberá probar que tiene la nobleza y rectitud suficiente para reconocer la inocencia de una persona como el ex mandatario.

Cabe exigir que mientras dure el proceso se aplique al ingeniero Fujimori similar trato al recibido hace apenas unos meses por el presidente Alan García quien, en libertad y pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y del cargo de primer mandatario, ha podido responder y salir bien librado en un caso más grave --en número de víctimas-- como el de El Frontón.

En medio de todo sí me preocupa algo, que el proceso por los casos de La Cantuta y Barrios Altos, nos lleve a los peruanos a revivir épocas de horror y a recordar cuánto estaban las víctimas involucradas o relacionadas con Sendero Luminoso y con episodios como el de Tarata (como reconocen los analistas respecto del caso La Cantuta, cosa que no justificaría su muerte). Preocupación que tengo pese a la clamorosa inconsistencia de acusar de violación de derechos humanos a quien como Fujimori asumió la tarea, y la cumplió, de defender los derechos fundamentales de 25 millones de peruanos amenazados por criminales terroristas.

Fujimoristas y no fujimoristas deberemos estar alertas.