Su bancada en el Congreso proviene del voto popular. ¿Cómo hacer ello coherente con la práctica?
Por Juan Paredes Castro
El fujimorismo se ha puesto por sí mismo en el ojo de la tormenta y por momentos en la picota.
Su intolerancia frente al nuevo estatus de su líder fundador parece abonar o exacerbar esa actitud.
Precisamente a propósito de esto último, de la intolerancia fujimorista, cabe preguntarse, como el titular de esta columna, hasta qué punto este conglomerado político o estado de ánimo, que comulga con las ideas y también las ruedas de molino del ex presidente Alberto Fujimori, puede convertirse en una opción democrática.
En efecto, antes de que surgiera el fujimorismo como lo conocemos, Fujimori fue por un momento una opción democrática, en tanto su candidatura pasó por las reglas de oro electorales, su elección representó la voluntad de las urnas y su ejercicio presidencial encajaba dentro de los cánones constitucionales que después él mismo disolvería.
Desde entonces, el régimen de Fujimori, con todos los méritos por reconocer y los deméritos por juzgar, agudizó su tendencia al autoritarismo y a la perpetuación en el poder en una carrera reeleccionista en la que el fin justificaba todos los medios en manos del aparato violentista y corruptor que montó Vladimiro Montesinos.
Digamos entonces que el fujimorismo, con toda la gente respetable que hay en sus filas y con toda la gama de adulonería, oportunismo y clientelismo que lo forma en la costra, no viene del ejercicio democrático propiamente dicho. Es más: sus actitudes de los últimos días rebajan el talante de su bancada parlamentaria, al mostrarla como una facción intolerante y autocrática y no como lo que debía venderse políticamente: como una alternativa realmente democrática, dentro de un Congreso que ha recibido los votos de todos los peruanos.
Si el fujimorismo quiere construir una nueva carrera hacia el poder, con Keiko Sofía o con Carlos Raffo, o nuevamente con Martha Chávez, no puede pensar en hacerlo para retornar al período de 1990 al 2000, que es el que parece ofrecernos. Su propuesta tendría que ser diferente y superior, comenzando por deslindar con Montesinos y con las propias responsabilidades de Fujimori, que exigen más que un mea culpa histórico.
Es cierto que nuestra sociedad no es enteramente democrática y que el antisistema se asoma cada día a las puertas de nuestra frágil institucionalidad. Pero el tiempo que llevamos bregando por esta nos enseña que el principio de autoridad y el respeto a la ley no son patrimonio de las dictaduras. También las democracias pueden revalorarlos plenamente, con lo que el mito del autoritarismo como receta de paz y orden tiende a perder terreno.