El silencio administrativo

Por Samuel Gleiser Katz. Presidente de la Cámara de Comercio de Lima

El 8 de octubre próximo debe marcar un hito en los esfuerzos para modernizar la administración pública, comenzando por el efectivo inicio de la simplificación administrativa, a fin de eliminar las barreras burocráticas irracionales que frenan el desarrollo del país.

En efecto, dicho día vence el plazo legal, dispuesto por la Ley de Silencio Administrativo (Ley 29060), para que los ministerios y gobiernos regionales y municipales, así como todas dependencias públicas del país en general, cumplan bajo responsabilidad con aprobar su nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos.

En los nuevos textos, que serán luego sancionados por la presidencia del Consejo de Ministros, para su puesta en plena vigencia a partir del 2 de enero del 2008, deben desaparecer las trabas y demás limitaciones, impuestas hasta hoy por la burocracia, a los ciudadanos y a las empresas que acuden a las dependencias públicas para formular diversos trámites.

Igualmente, debe eliminarse la discrecionalidad que hoy ostenta la administración pública para fijar las tasas a su mejor criterio, considerando, por ejemplo para el cálculo de esos derechos, el valor del predio o el patrimonio de los administrados. Al respecto, la Ley de Silencio Administrativo señala claramente que "el derecho de tramitación no podrá exceder el costo real del servicio".

Por ello, la aprobación de los nuevos textos unificados, a realizarse el lunes 8, debe constituir el comienzo de la gran reforma del Estado, largamente esperada para desterrar la informalidad y asegurar la competitividad del país, con el propósito de afrontar con éxito los retos de una economía libre.

Debe tenerse en cuenta que gran parte de los sobrecostos, que asumen los agentes económicos, son ocasionados por las trabas burocráticas y pagos irracionales, que cada dependencia pública ha impuesto a discreción a los contribuyentes, dificultando y encareciendo la vida de los ciudadanos y el desempeño de las empresas.

La frondosidad de los procedimientos administrativos tiene graves implicancias en la transparencia de la administración pública y, en muchos casos, en la idoneidad de la burocracia.

Hay situaciones en que, ante la urgencia de culminar una gestión en plazos racionales, los contribuyentes tienen dos alternativas: sucumbir ante la exigencia de una coima para acelerar los trámites o, simplemente, optar por pasar a la informalidad.

De este modo, las trabas burocráticas no solo generan actos de corrupción en la administración pública, sino, además, perjudican al fisco, que deja de captar cuantiosos impuestos de los agentes productivos (aunque en el Perú un 60% de esos agentes --uno de los porcentajes más altos de la región-- opera en la clandestinidad).

En consecuencia, el Ejecutivo debe exigir esta vez el cumplimiento de los plazos establecidos, para evitar otro desacato, como en el que han incurrido la mayoría de las entidades públicas, que siguen cobrando por las impugnaciones administrativas, a pesar de haber transcurrido once meses desde que el Tribunal Constitucional sentenció la proscripción del pago de esos derechos.

Por todo lo expuesto, la Cámara de Comercio de Lima invoca al Gobierno exigir la aprobación de los nuevos textos únicos de procedimientos administrativos, en el plazo fijado hasta el 8 de octubre del 2007, a través de la Ley de Silencio Administrativo.