Las esterilizaciones forzadas no deben quedar impunes

En una suerte de revancha contra la injusticia y la impunidad, la fiscalía ha retomado, después de 8 años, la investigación de un caso indignante, que constituyó un atentado contra los derechos a la maternidad de cientos de mujeres peruanas. Nos referimos a las esterilizaciones forzadas que, durante el fujimorato, se perpetraron bajo la excusa de la planificación familiar para combatir la extrema pobreza.

Como demostró entonces nuestra Unidad de Investigación, esta campaña comprometió a las autoridades del sector Salud y a la propia Presidencia. Es más, nuestro Diario dio cuenta de las directivas que estipulaban premios para los médicos con mayor cantidad de "intervenciones quirúrgicas voluntarias" o IQV. El resultado: mujeres, generalmente de estratos pobres, engañadas y esterilizadas sin su consentimiento.

La prensa hizo lo suyo en el esclarecimiento de este delito, que incluso causó la muerte de una mujer. También lo hizo la Defensoría del Pueblo, al señalar delitos y responsabilidades que el fujimorato negó en todos los tonos. Hoy, finalmente, le toca al sistema judicial revertir la historia y empezar a hacer justicia.