La descentralización fiscal no presenta avances considerables

Por Karín Acevedo

En setiembre del año pasado, el Gobierno inició el proceso de transferencia de funciones y recursos a los gobiernos regionales como parte de la descentralización. ¿Cuál ha sido el avance? De acuerdo con el Programa Pro Descentralización (Prodes) y Usaid, de las 20 medidas anunciadas por el presidente Alan García el año pasado, a setiembre de este año se reportaba un cumplimiento de 35% de ellas. Es decir, siete ya han sido implementadas o están en ejecución.

Según Elena Conterno, coordinadora del informe sobre el proceso de descentralización, las transferencias de fondos están dentro del plazo previsto; sin embargo, añadió que el tema de descentralización fiscal no camina como se esperaba, a pesar de que existe la voluntad para hacerlo.

Recordó que existe la Ley de Descentralización Fiscal, que consta de dos etapas: una en la que se debe asegurar que los gobiernos regionales tengan suficientes recursos, y otra, que tiene que ver con autonomía y asignación de recursos efectivamente recaudados en cada región.

"Hoy la distribución de los ingresos ordinarios es muy inequitativa. Por ejemplo, Moquegua recibe S/.1.200 al año por alumno, mientras que Huánuco, S/.600; esto exige una revisión pronta", dijo Conterno. Y agregó que no es sano que el Gobierno Nacional tenga discrecionalidad para determinar cuánto se le da a cada región. "Por ejemplo, durante el último año diversos gobiernos regionales y locales recibieron recursos como parte del 'shock' de inversiones y créditos suplementarios promovidos por el Gobierno Nacional, pero no queda claro el sistema utilizado para distribuir los recursos entre departamentos", dijo.

La descentralización fiscal --añadió-- debe avanzar hacia un esquema en el que de todos los impuestos nacionales un porcentaje sea de coparticipación entre los gobiernos regionales, para que se distribuyan esos ingresos con reglas muy claras.

Al respecto, el especialista en temas tributarios Luis Alberto Arias mencionó que actualmente los gobiernos regionales se financian con transferencias presupuestales que se determinan de manera inercial; es decir, se toma como criterio la asignación presupuestal de años anteriores.

Para pasar a la segunda etapa --dijo-- es necesaria la formación de macrorregiones, para que los ingresos sean directamente recaudados por estos nuevos espacios territoriales.

Pero teniendo en cuenta --según señala Arias-- que no es el buen momento para la formación de estas macrorregiones (en el 2005 fracasó esta iniciativa y hoy algunas regiones no quieren compartir, por ejemplo, el canon minero), un informe elaborado para la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales propone una etapa intermedia y temporal en la que, a través de una ley, se establezca que el 25% de los ingresos tributarios nacionales sirva para financiar el presupuesto de los gobiernos regionales a través de un fondo especial.

Una parte de este fondo serviría --según la propuesta-- para financiar los programas de salud y educación; otra parte serviría para inversiones, particularmente en infraestructura, y una tercera parte para otros gastos corrientes. Este esquema se aplica en países como Bolivia y Colombia.

RESPONSABILIDAD
Respecto a la poca capacidad para ejecutar gastos en las regiones, Prodes identificó que, dentro del proceso de descentralización, muchos gobiernos no cuentan con los conocimientos para identificar sus necesidades y traducirlas a demandas.

Por lo mismo, el informe sugiere que los gobiernos regionales y locales deben prepararse para asumir estas nuevas responsabilidades con servicios de capacitación y asistencia técnica.

LAS CIFRAS
16,3%
del presupuesto nacional para el 2008 será el gasto público de los gobiernos regionales, según estimados.

35%
aumentará el próximo año el gasto de los gobiernos locales en inversiones, lo que se explica por los mayores flujos del canon minero.

S/.784
fue el gasto per cápita del Gobierno Regional de Moquegua en el 2005, el más alto. Le siguieron Tumbes y Madre de Dios. Huánuco tuvo S/.300 de gasto per cápita, el más bajo.