Censo nacional en capilla

El anuncio del Instituto de Estadística e Informática (INEI), de que solo cuenta con el 30% de los encuestadores para realizar el próximo domingo 21 el censo nacional de población y vivienda, es simplemente inaceptable.

Peor aún. A diez escasos días de la gran encuesta nacional, la imprevisión es inadmisible. La Presidencia del Consejo de Ministros, de la cual depende el INEI, tiene que explicar cuál es su plan de contingencia para conseguir y capacitar a los encuestadores, y evitar que este proyecto naufrague en el mar de las buenas intenciones.

La razón es básica: este censo, a diferencia de otros, es extenso y bastante completo. Tiene 63 preguntas, lo cual exige encuestadores bien capacitados además de mecanismos de evaluación que eviten errores que terminen deformando la radiografía del país.

Hoy nadie discute la trascendencia del censo, menos la predisposición cívica y el compromiso de los ciudadanos para que sea un éxito. Finalmente, no solo necesitamos saber cuántos somos y dónde estamos, sino cuál es el nivel de bienestar de los peruanos y qué cambios se han producido en el país desde 1993, cuando se realizó el último censo. De lo que se trata es de identificar las necesidades, para poder administrar mejor los recursos disponibles y planificar las inversiones. En definitiva, ratificar o desmitificar las proyecciones estadísticas de los últimos 14 años.

Por ello, no podemos aceptar que, por austeridad, imprevisión o simple terquedad, el jefe del INEI, Renán Quispe, ponga en riesgo un censo que, si se ha olvidado, debía corregir los supuestos vacíos de la encuesta muestral organizada por su antecesor. El censo no se puede suspender, pero su organización exige condiciones de excelencia, desterrando ciertas exigencias inútiles, como aquella que establece la inamovilidad de los ciudadanos por espacio de 10 horas en sus domicilios, incluso luego de haber sido censados.