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Cuidados intensivos

El Estado --salvo excepciones-- parece convertirse en refugio de algunos que no durarían en el sector privado

Por Luis Solari de la Fuente. Ex primer ministro

La reciente encuesta de Ipsos Apoyo para El Comercio muestra cuatro realidades: aprobación presidencial y gubernamental con clara tendencia decreciente (el hipo alcista de agosto-setiembre estuvo relacionado con el sismo); segundo, consolidación de tal tendencia, iniciada antes del alza de los alimentos; tercero, que la relación entre gobierno y sectores de menores ingresos ha empeorado; y cuarto, este curso revela la persistencia de decisiones inconvenientes.

Adicionalmente, enfrentamos una circunstancia harto conocida y de alto riesgo en cualquier tiempo o nación: existe una altísima desconfianza hacia la autoridad pública. Metafóricamente, tenemos un problema de competitividad político social, que además del riesgo interno de constituir un terreno favorable a las fuerzas antisistema, en lo externo debilita la capacidad negociadora de las autoridades.

¿Por qué una empresa de éxito internacional encarga a una compañía de 'head hunters', o cazatalentos, que le busque nuevos ejecutivos, si le va bien? Porque tiene que enfrentar nuevos desafíos, que al final es uno solo: el cambio, es decir, lo nuevo, lo diferente, lo mejor. Esa empresa busca gente que pueda crear novedad y, además, generar un proceso de cohesión interna, capaz de hacer avanzar a todos hacia el futuro. En realidad, el aviso podría encabezarse así: "Se busca creador de futuros".

Singapur ha generado incentivos para sus ministros debido a los éxitos alcanzados. Chile ha acortado las diferencias entre los ingresos de altos funcionarios del sector público y los del sector privado. El Perú decidió ampliar esa diferencia con una decisión efectista cual estrella fugaz para la relación gobierno-ciudadanía. El Estado pasó de 'head hunter' a 'head killer', o 'matatalentos'. Efecto: no solo se ha comenzado a ir gente muy capaz, sino que el Estado --salvo excepciones-- parece convertirse en refugio de algunos que no durarían en el sector privado.

Al firmar un documento que dispone la ejecución de una decisión, se puede pensar más en el futuro de 36 días, poco en el de 360 o nada en el de 3.600 días. Asistimos hoy a un advertido efecto pernicioso, de una decisión tomada para el impacto mediático. Dos hechos caracterizan dicho efecto: el déficit de conocimiento-gestión y la corrupción.

Sin menoscabar el encomiable esfuerzo de crear la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), ¿cómo es posible que los 'especialistas' que redactaron la norma no advirtieran al presidente las limitaciones jurídicas y riesgos políticos del formato planteado? La jefa de la ONA ha terminado disminuída al aceptar día tras día sus limitaciones funcionales, y el Gobierno, en un absurdo encontrón con organismos constitucionalmente autónomos, cuando todos están al servicio de la patria y no de sus pasiones. Mejor sería que la lucha anticorrupción cohesione autoridades y muestre que es tarea de todos. Si a esto le agregamos la incapacidad de gasto de los borbotones de dinero, precisamente por la escasa capacidad para crear futuros, tenemos ejemplos actuales de déficit de gestión y de conocimiento.

La máxima "Para que cambien las cosas que hacen los hombres, primero hay que cambiar a los hombres que hacen las cosas", revela que el centro de la corrupción está en la naturaleza de las personas y no en los procesos. Su control no depende de agregar o eliminar una oficina a la lucha contra la corrupción, ni de centralizar las compras. La decisión, quizás bien intencionada por austeridad, de reducir los sueldos estatales, evidentemente, ha deteriorado la gerencia, entorpece el futuro y está aumentando la corrupción.

El Gobierno tiene una responsabilidad crucial al decidir quiénes lo acompañarán de aquí en adelante, no solo en el Gabinete, sino en todos los niveles. La abrupta caída de la aprobación, señalada en la citada encuesta de El Comercio, muestra marcada y peligrosa intolerancia ante la desatención social y los actos de corrupción. Deberán tomarse decisiones cual unidad de cuidados intensivos: o se salva o se pierde al paciente.

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