Por: Pedro Ortiz Bisso |
El recuerdo del incendio en Mesa Redonda no terminaba de extinguirse, cuando un nuevo siniestro encendió la alerta en la capital. Esta vez no era una galería construida apuradamente, obviando las normas de construcción, levantada por avariciosos empresarios mercantilistas para quienes la inseguridad era un sobrecosto que no valía la pena asumir.
Tampoco era, como sostienen los científicos sociales, una demostración más de ese ninguneado y subterráneo otro Perú, ese que prefiere sacarle la vuelta a la ley, agobiado por una burocracia asfixiante y angurrienta, para desarrollar su actividad arropado con el manto de la informalidad. El humo que oscureció el cielo de San Miguel la tarde-noche del martes provenía del depósito de uno de los más grandes fabricantes de pinturas del país, recinto que, según el director regional de Defensa Civil, James Atkins, carecía de un certificado de inspección técnico de esa entidad.
Se equivoca, pues, quien estigmatiza al informal como el único evasor de las normas. Pruebe acudiendo a uno de los grandes almacenes que proliferan en Lima, que ya se multiplican en provincias, e intente encontrar las salidas de emergencia. O hágase de una dosis de valentía y afronte la aventura de ir a un estadio de fútbol cuando juega la selección e intente encontrar libres las escalinatas o los accesos a las tribunas.
Sin un Estado que ejerza autoridad y que vele verdaderamente por el bienestar de la ciudadanía, estas situaciones continuarán repitiéndose hasta que una nueva tragedia, similar o peor a las ocurridas en Utopía o Mesa Redonda, vuelva a conmover nuestras fibras más íntimas y entre golpes de pecho se multipliquen las promesas de que ahora sí, por Diosito, las cosas van a cambiar.
Pero ese Estado no solo debe imponer su autoridad, sino también mostrar que aquello que defiende le sirve a la ciudadanía. Es decir, que puede ser útil. Que sirve. Que puede ayudar a ser mejores personas. Sin ello, nunca se ganará el respeto de la gente.