Gobierno pide más recursos y ajustes legales para frenar el narcoterrorismo

Primer ministro demanda un acuerdo para luchar contra este flagelo. Del Castillo plantea mecanismo para seguir a terroristas excarcelados

Por Gerardo Caballero / Cecilia Rosales Ferreyros

Las Fuerzas Armadas y policiales no cuentan con las armas legales ni materiales para combatir debidamente al terrorismo y al narcotráfico, su aliado . Así lo sostuvo el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, quien se presentó ante el pleno del Congreso para exponer la política del Gobierno frente al supuesto rebrote de actividades terroristas.

En opinión de Del Castillo, la fusión del terrorismo y del narcotráfico (narcoterrorismo) exige algunas precisiones en materia legal, pues debe considerarse que un delito es agravante del otro.

El jefe del Gabinete criticó que la actual legislación inhiba la acción de las Fuerzas Armadas. En tal sentido, consideró que los llamados 'mochileros' (quienes trasportan la droga en mochilas a través de la sierra y la selva) deben ser considerados agentes del narcotráfico y no paseantes.

Pero la propuesta legal más importante que planteó Del Castillo fue la creación de un mecanismo que permita supervisar las actividades de los procesados por terrorismo que, por distintas razones, han sido excarcelados.

"Es absolutamente lícito que el Estado se defienda de las personas que tienen sangre en las manos. Son asesinos que tienen que ser vigilados por el Estado, reportarse al juzgado para saber dónde están, qué hacen", indicó Del Castillo.

Sobre este aspecto, el primer ministro dijo que varios de los excarcelados "han vuelto a las andadas. Ahora hay algunos que son dirigentes magisteriales, otros son dirigentes cocaleros y otros son dirigentes sindicales. Y están infestando con su ideología todo el Perú".

Del Castillo informó que son 3.084 los delincuentes terroristas excarcelados desde el 2000 hasta el 17 de noviembre de este año.

Tras criticar que se haya derogado el servicio militar obligatorio, Del Castillo pidió a la Comisión de Presupuesto del Congreso, que preside el aprista Jhony Peralta, aumentar los presupuestos de los sectores Defensa e Interior y del Consejo Nacional de Inteligencia.

El jefe del Gabinete criticó que el gobierno aprista encontrara inoperativos 13 helicópteros MI-17, los cuales servían para luchar contra el narcoterrorismo. Afortunadamente --adelantó-- el próximo mes llegarán de Rusia dos helicópteros reparados.

Para lograr que estas demandas se concreten, el jefe del Gabinete demandó buscar "un acuerdo entre todos los grupos (políticos) para combatir unitariamente la violencia subversiva y el narcoterrorismo. Hay que buscar formas que nos permitan afrontar juntos un flagelo tan grande como este", recalcó Del Castillo Gálvez.

LOGROS Y ANUNCIOS
Del Castillo no se presentó ante el pleno del Congreso solo. Con él estuvieron los ministros de Defensa, Allan Wagner, y del Interior, Luis Alva Castro, quienes realizaron sus exposiciones en sesión reservada.

No obstante, se conoció que el ministro Wagner informó que los planes operativos en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), donde la actividad narcoterrorista es intensa, han aumentado de 14 a 82, mientras que se ha llevado a cabo 1.115 acciones de patrullaje en la zona. También habría informado sobre la creación de 162 comités de autodefensa en el VRAE. Las actividades de inteligencia incluso se han intensificado. Wagner también habría anunciado que el 2008 se instalará una base naval para permitir el patrullaje fluvial. Asimismo habría indicado que para el 2008 el presupuesto le asigna 78 millones para la seguridad en la zona del VRAE, pero que está solicitando 80 millones de soles más.

Alva habría anunciado la instalación de una base policial en el Pichari (Cusco), ubicado en el VRAE. También enfatizó en que, a inicios de 1990, había un policía por cada 168 habitantes, mientras que en la actualidad se dispone de un efectivo por 301 habitantes.

DEL CONSULTOR
JORGE SANTISTEVAN DE NORIEGA. Abogado

Reglas para el empleo de la fuerza
Se ha criticado siempre que los esfuerzos de la Constitución y la ley se concentran en proteger los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo se defienden entonces las autoridades? ¿Quién protege a los policías y militares que tienen la obligación de usar las armas en defensa de la vida de las personas, en resguardo de la población ante las amenazas a su seguridad, al orden interno, o la integridad de la nación?

Por una vez ha llegado al Congreso un proyecto --elaborado por el Comando Conjunto de las FF.AA.-- que señala las reglas básicas para utilizar las armas. El proyecto está en el límite: exige flexibilidad en su aplicación y salvaguarda los casos de legítima defensa.

No es tampoco supernovedoso, pues responde a las reglas mínimas para el uso de la fuerza aprobadas por la ONU. Es lo menos que reclaman los uniformados para cumplir sus deberes de función, bajo un marco de reglas claras, sin la amenaza de que los denuncien por violación a los derechos humanos o por abuso de autoridad.

Lo sorprendente es que no ha sido aprobado en la Comisión de Defensa. Se ha leído mal el proyecto, creyéndose que restringe el cumplimiento de funciones militares cuando su propósito es asegurarlo en el marco de la ley. Resulta oportuno reconsiderarlo, a propósito del APEC, que reunirá a los jefes de Estado de los países de la cuenca del Pacífico. ¿No se merecen esas seguridades los militares? ¿No sería conveniente que el proyecto se extienda también a dar garantías del uso de la fuerza para nuestros policías?