La desconfianza acumulada

Por Alfredo Torres Guzmán. Analista

El sombrío panorama del estado de ánimo de los peruanos que registra el Latinobarómetro 2007 puede haber sorprendido al lector urbano y educado de El Comercio. Entre 18 países investigados, el Perú figura en uno de los tres últimos puestos en satisfacción con la democracia, la situación económica actual y las expectativas sobre el futuro de la economía nacional. La sorpresa es entendible porque cuando se profundiza en las cifras del estudio se encuentra un agudo contraste entre las respuestas de los limeños, en un extremo, y la población rural, mayoritariamente serrana, en el otro: la satisfacción con la democracia y la situación económica del país y su futuro es de dos a tres veces mayor en Lima que en el ámbito rural.

El contraste se aprecia con mayor nitidez en el campo de las ideas económicas: si el Perú fuese Lima, seríamos el segundo país más favorable a la economía de mercado y la empresa privada en la región (después de Colombia); si el Perú fuese su población rural, seríamos el segundo pueblo que menos cree en la empresa privada y la economía de mercado (después de Guatemala). Un contraste que nos permite confirmar que las diferencias de visiones de país que se expresaron en las últimas elecciones presidenciales continúa vigente.

En cambio, las diferencias son menores cuando se pregunta por el desempeño del Estado. Desde la población urbana que sufre su mal servicio, hasta los campesinos que padecen su ausencia, los peruanos coinciden en calificar negativamente el desempeño del Estado en la educación, la salud y la justicia. En estos tres servicios básicos, las respuestas de los peruanos en el Latinobarómetro nos colocan como el país más insatisfecho con el desempeño de su Estado.

Como sostiene la Corporación Latinobarómetro en su informe, "El desempeño del Estado tiene un efecto directo sobre las actitudes de las personas hacia la economía, y quienes no tienen acceso a bienes y servicios del Estado de manera satisfactoria tienen una visión más crítica de la economía y la sociedad". Es decir, si el Gobierno no redobla sus esfuerzos por ampliar y mejorar los servicios públicos a la ciudadanía, especialmente la de los sectores más pobres y apartados del país, entonces esta población culpará al modelo económico vigente de su marginación y apostará por un cambio radical en cuanto tenga oportunidad.

Esto es especialmente cierto en época de bonanza. La población está más dispuesta a soportar las dificultades en tiempos de crisis general. En cambio, cuando viene el crecimiento económico y este es muy desigual sobreviene la frustración. No hay nada más perjudicial para la confianza en el sistema que ver el enriquecimiento acelerado de una minoría cuando para la mayoría la mejora es marginal y, por lo tanto, imperceptible. De ahí la gran responsabilidad de quienes tienen a su cargo la gestión pública de hacer sentir el progreso en obras de beneficio colectivo que alcancen a los más pobres.

En su artículo "Receta para acabar con el perro del hortelano", el presidente Alan García sugiere un conjunto de ingeniosas iniciativas que apuntan a dar mayor dinamismo a la economía, lo cual es positivo, porque el crecimiento económico genera empleo y mayores ingresos fiscales. Sin embargo, no es suficiente. Para usar la expresión que convoca a la CADE 2007, la población espera vivir en un país "más justo y próspero". Luego de tantos años de desconfianza acumulada, los peruanos del interior del país esperan apreciar la incipiente prosperidad en obras concretas en beneficio de sus comunidades, tales como caminos, acueductos, escuelas y postas médicas. En cuanto a la justicia, después de haber sufrido desde tiempos inmemoriales un trato discriminatorio, la población de los sectores populares espera recibir una mejor calidad educativa para sus hijos y un mejor servicio en hospitales, comisarías, tribunales y demás entidades públicas.

Crear un país más justo y próspero no es solo cuestión de recursos sino también de imaginación y buena voluntad, como lo demuestran los premios que anualmente concede la organización Ciudadanos al Día a las buenas prácticas en la gestión pública. Harían bien los políticos en prestar atención a estos ejemplos. El sector privado, por su parte, no puede hacerse el desentendido. Si bien algunas empresas vienen desarrollando interesantes programas en ejercicio de su responsabilidad social, falta todavía mucho más compromiso y proactividad si queremos continuar por la senda del desarrollo y no sufrir un retroceso radical como el que están padeciendo hoy algunos de nuestros vecinos andinos.