¿Quién desactiva las bombas de tiempo municipales?

Por: Juan Paredes Castro |

Si alguien tiene que responder ante la justicia por la desgracia de los obreros sepultados en una construcción ilegal en Gamarra, es la Municipalidad de La Victoria.

No es una buena disculpa decir, como lo ha dicho su alcalde Alberto Sánchez Aizcorbe, quizás ingenuamente o de buena fe, que la licencia de construcción era falsificada, pero que se exhibía como real, cosa que aparentemente habría dejado a la municipalidad en paz con su conciencia.

Lo que no ha argumentado el alcalde es por qué, con licencia real o ficticia a la vista pública, la municipalidad no atendió las denuncias que existían sobre el peligroso dragado de suelo de la constructora y por qué no le llamó en absoluto la atención el hecho de que las edificaciones vecinas cuarteadas podían venirse abajo.

Es tal la cultura del relajamiento, la tolerancia y la corrupción en la mayoría de municipalidades distritales que unos pueden morir bajo los escombros de una construcción ilegal, otros como consecuencia de una intoxicación en un restaurante clandestino y no faltarán quienes terminen atropellados en la vía pública solo porque fallaron las señales nocturnas de las nuevas obras en ejecución.

Pero así como tantos ciudadanos se juegan la vida a diario dentro del manto desprotector de estas municipalidades, la economía de estas, de la cual depende la vida de tantos servicios públicas, es pulverizada cada año a través de las amnistías tributarias.

Estamos pues ante amnistías que se convierten en un insulto al contribuyente puntual y al propio presupuesto municipal, y ante descontroles generalizados, producto de la ineficiencia o de la corrupción, que acaban generando nidos de informalidad criminal como los de las construcciones sin licencia que inundan decenas de distritos de Lima, con millones de personas bajo sus techos.

Las amnistías tributarias no pueden constituirse en el recurso de reemplazo de una gestión administrativa eficiente y competente, como la salud, la integridad física y la vida misma de los ciudadanos no pueden pender de un hilo a causa de la sistemática negligencia municipal, que llega al extremo de autorizar la comercialización de balones de gas a media cuadra de sus propios locales.

Es cierto que las amnistías tributarias les permite a las municipalidades hacer caja chica de emergencia con dinero contante y sonante, pero a la hora del cierre presupuestal el remedio resulta peor que la enfermedad y las cuentas en rojo tiene que asumirlas el Estado.

¿Qué hace pues el Estado, a través de Economía y Finanzas y del Congreso, que no pone punto final a estas costosas bombas de tiempo?