Pedidos de titular de Corte Suprema fueron respondidos con acusaciones

Por Cecilia Rosales Ferreyros / Mario Mejía Huaraca

Un mes de huelga judicial no aflojó la mano dura del ministro de Economía Luis Carranza sobre la caja fiscal.

Y es que a pesar de una carta que le envió el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, el pasado 19 de diciembre, en la que sugería una solución al pago de una bonificación por función jurisdiccional de 900 soles para magistrados, auxiliares jurisdiccionales y personal administrativo (dispuesta por ley), el Gobierno respondió el 22 de diciembre con un decreto de urgencia negando el uso de saldos presupuestados para el pago de asignaciones especiales.

El argumento que esgrimió el presidente Alan García el domingo pasado para justificar el decreto fue que "todo puede malograrse si permitimos desorden en la economía", y que "a veces ocurre que no se hacen las inversiones y al final del año queda (una) cantidad de dinero y (entonces) dicen lo repartimos en sueldos o beneficios para los trabajadores (...). Legalmente, no es posible, lo lamento por quienes han creído en esa expectativa" señaló el mandatario.

Pero ayer el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, elevó el tono del cuestionamiento al Poder Judicial y habló incluso de malversación. "El sector justicia pretendía la transferencia interna pero eso no se puede hacer (...) eso es transferencia de recursos de fondo de inversión a sueldos. Si nosotros aceptáramos eso, en el 2008, en todos los ministerios, en todas las dependencias, la gente empieza a amarrar para que siempre sobre y al final haya una distribución de fondos entre todos. Eso no es un método correcto. Eso viola la ley. Es una malversación".

Lo cierto es que esta propuesta del Poder Judicial que fue rechazada por el Poder Ejecutivo --de forma más tajante ayer por Del Castillo-- ya no tendría manera de ser aplicada sobre recursos del 2007 porque el año culminó y no hay marcha atrás. "La única solución sería un crédito suplementario. No hay otra manera legal. Todo lo anterior es ilegal. Quien firme un decreto en ese sentido se va preso. Hasta antes del 31 se podía buscar una solución sobre los recursos del 2007. Ahora ya no hay nada que hacer".

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, habría planteado ayer ante el Consejo de Ministros una solución a través de un crédito suplementario. En el costo-beneficio del proyecto se explicaba lo siguiente : "Si bien es cierto que el financiamiento de la presente norma demandará recursos adicionales al Tesoro Público a través de un crédito suplementario, no es menos cierto que cualquier paralización de labores en el sector justicia no solo perjudica a los litigantes, sino que provoca un efecto espejo negativo en la economía e imagen del país".

Del Castillo reconoció ayer en conferencia de prensa, al término de la sesión del Gabinete, que esta iniciativa se había presentado pero explicó que se había dejado de lado. "Vino como iniciativa pero hoy nos hemos enterado de que a los trabajadores huelguistas les han pagado. Esa ruta no funciona. Hay que buscar otras alternativas (...) Les han pagado el íntegro de su remuneración. Es otro error porque entonces no es huelga sino vacaciones pagadas. En todo caso, creo que el principio que el Gobierno estableció de día no trabajado es no pagado es una disciplina que no puede ser quebrantada por nadie".

Del Castillo señaló que en todo caso el Gobierno está dispuesto a dialogar con los directivos de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial y con el Sindicato de Trabajadores del INPE. "Vamos a atender esta carta ( de los directivos) invitando a los dirigentes a conversar y dialogar y buscar soluciones pero sin coacciones y menos con violar la ley. Pero el Gobierno está dispuesto a atender a este sector laboral".

Ayer, El Comercio no pudo comunicarse con el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara. Hugo Suero, gerente general de la institución, señaló que el Poder Judicial fijará hoy su posición, aunque adelantó que "no hay nada nuevo respecto de lo dicho hasta ahora". "Desde el sábado pasado se ha sugerido intentos de corruptelas... Aquí no hay nada de eso".

Anuncian 'shock' legislativo para reforma de administración de justicia
El Congreso de la República impulsará este año un 'shock' legislativo orientado, principalmente, a una profunda reforma de la administración de justicia, anunció el presidente del Parlamento, Luis Gonzales Posada, al término de la ceremonia de apertura del año judicial 2008, realizada en la sede del Poder Judicial.

El titular del Congreso señaló que se encontraban listas para ser debatidas las leyes de la carrera judicial y de la carrera fiscal que normarán la actividad de los jueces y fiscales, estableciéndose evaluaciones a los magistrados cada tres años y medio.

También informó que en el período legislativo de este año se impulsarán otras leyes sustantivas referidas a la administración de justicia, como la ley de defensa de los intereses del Estado --también denominada de los procuradores públicos--, porque la actual data de hace 40 años y se encuentra desfasada.

"Esto impide un accionar dinámico de los abogados del Estado, que actualmente tienen que afrontar unos 350 mil juicios", comentó el presidente del Parlamento.

Del mismo modo, informó que está en curso el dictamen del proyecto de ley que permitirá conciliar los procesos judiciales seguidos por el Estado hasta por el monto de S/.100.000.

Otra de las tareas que llevará adelante el Congreso será la elaboración del proyecto de ley de los defensores de oficio, que permitirá que un equipo de abogados pueda defender a personas de escasos recursos económicos.

Gonzales Posada expresó su preocupación por la demora en la expedición de las sentencias, como ha quedado demostrado en los sucesos de Andahuaylas, que van a cumplir tres años. 

DEL CONSULTOR
Desencuentros que perjudican*
El principal problema radica en que el Poder Ejecutivo sigue considerando al Poder Judicial como la cenicienta de los poderes del Estado. El presupuesto que este debe elaborar y en efecto elabora es normalmente recortado por el Ministerio de Economía, el cual, como es natural, no entiende mucho sobre lo que representa para el país la administración de justicia y la importancia que reviste para sus conflictos.

El Gobierno considera que el Poder Judicial recibe lo suficiente, mientras quienes tenemos que lidiar con él pensamos que los recursos que se le asignan son demasiados modestos y que no se hace el esfuerzo por mejorarlos. Lo mismo ocurre en el Ministerio Público, que queda siempre relegado y sin los recursos necesarios.

El Código Procesal Penal que es pieza importante en la reforma de la administración de justicia no se puede aplicar porque el Gobierno no asigna los recursos indispensables para una pronta aplicación.

El tema de la huelga es un asunto serio que simplemente no se quiere comprender ya que los trabajadores administrativos se han ganado la bonificación que reclaman.

El ofrecimiento formal que hiciera el presidente de la Corte Suprema a fines del año 2006 para el pago de una bonificación especial a los trabajadores administrativos del Poder Judicial a efecto de levantar una huelga se incluyó en la Ley de Presupuesto, sin embargo, mediante un decreto de urgencia, se ha dejado sin efecto la ley que permitía el pago justo ofrecido por el Poder Judicial. Así, resulta que mediante un decreto de urgencia se pretende dejar sin efecto lo dispuesto por una ley.
* Raúl Ferrero Costa. Constitucionalista