Lizárraga se ocupará de soluciones macro contra la corrupción

La jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), Carolina Lizárraga, dio a conocer ayer su punto de vista respecto a que, según un informe legal de la contraloría, varias de las atribuciones del organismo que preside no respetan el marco normativo vigente, entre ellas, realizar investigaciones y atender denuncias, así como acceder a la información consignada por los funcionarios en sus declaraciones juradas de bienes y rentas.

En cuanto a esto último, Lizárraga indicó que según el manual de operaciones de la ONA no se busca imponer el acceso a esta información clave para conocer el desbalance patrimonial de los funcionarios, sino para proponer cómo mejorar la transparencia en las declaraciones juradas que se publican de manera resumida en el diario oficial "El Peruano".

En cuanto a las atribuciones para atender denuncias, la jefa de la ONA señaló que "nadie quiere hacer lo que hace el contralor (Genaro Matute). No sé si él, pero nosotros no tendremos una mesa de partes en la que recibiremos denuncias contra personas. Lo que tenemos son temas que consideramos importantes por la cantidad de dinero involucrado, la repercusión social en tanto le importe a la gente, por ejemplo, el manejo de los fondos públicos para ayuda social. Si reúnen estas características, investigamos por qué sucede eso, damos una recomendación y, si en el camino encontramos a personas que pudieran estar involucradas, no voy a quedarme con la boca callada, tendría que decírselo a la contraloría o al Ministerio Público".

Lizárraga puntualizó: "Yo fui contratada para hacer investigaciones y lo que he dicho es que no voy a ver a personas ni casos sino temas emblemáticos para buscar las causas del fenómeno de corrupción y, si es viable, presentar propuestas normativas que ayuden a solucionar el problema. Si de esa investigación temática surge algún caso en particular, lo pasaré a la autoridad competente".

La jefa de la ONA enfatizó que debe mantenerse un área que investigue los motivos que generan la corrupción, de lo contrario no tendría sentido que exista tal organismo. "Si recortan eso, entonces no hay ninguna voluntad política de saber cuáles son los motivos generadores de corrupción".

Lizárraga consideró que el informe legal de la contraloría era una opinión de las tantas que podría haber respecto a las atribuciones de la ONA y que si bien la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) va a decidir si lo toma en cuenta, no se trata de una orden o informe sagrado.