¿Huelgas de cada día?

Por Beatriz Boza

Dicen que en los años 60, un periodista que iba a entrevistar a un científico en la NASA observa con asombro la dedicación con que un hombre limpiaba las instalaciones, por lo que le pregunta qué es lo que estaba haciendo. "Estoy ayudando a poner a un hombre en la luna". ¡Pero si solo estaba barriendo! Es que, todo trabajo es importante, incluso el que a algunos --como aquel periodista-- le pudiera parecer insignificante. Depende de cómo uno lo vea. Trabajar es digno porque no hay nada mejor que sentirnos útiles sirviendo a otros.

Trabajar en el Estado tiene un significado especial. A diferencia de una empresa privada que tiene un dueño que vigila por sus intereses, desempeñarse en el Estado es ser parte de la institución en la que la sociedad ha depositado su confianza. Por ello, la labor del servidor público no se debe solo a las directrices de su jefe sino a las del ciudadano. Un error u omisión suyo afecta la relación Estado-ciudadanía y, con ello, a todos nosotros. Los ciudadanos hemos delegado en nuestra administración pública el garantizar nuestra seguridad física, poder ser atendidos de urgencia en un hospital, poder demandar una pensión alimentaria, obtener un documento que certifique nuestra identidad, poder desaduanar medicamentos, obtener nuestras licencias de operación oportunamente, garantizar que nuestra moneda valga, que nuestros intereses sean protegidos en el exterior, entre otros. Por eso, más allá de la responsabilidad de cualquier profesional, los servidores públicos tienen un compromiso ético con su sociedad.

¿Significa que los servidores públicos no pueden hacer huelga? Todo trabajador tiene derecho a reivindicar sus condiciones laborales y a que se cumplan los compromisos asumidos. Ese es un derecho que consagra la Constitución, de la misma manera que protege el derecho a la vida, la salud y a la integridad física de las personas. Sin embargo, no tienen derecho a huelga los jueces y fiscales, tampoco las FF.AA. y PNP, ni funcionarios con poder de decisión, precisamente para que puedan avalar los derechos ciudadanos. En ese sentido, el Estado debe buscar la forma de garantizar los derechos de los trabajadores, dándoles la posibilidad de negociar con sus empleadores, pero sin afectar los derechos de los peruanos. Ello supone invertir en la prevención de las huelgas y, si esto no diera resultados, autoridades y servidores públicos deben asegurar la provisión eficiente de servicios mínimos en los diferentes rubros. Por ejemplo, si los trabajadores de determinada institución pública inician una huelga deben cerciorarse de que en la sala de emergencias de los hospitales sí estén atendiendo y, en su caso, que al menos quede una plataforma de atención abierta con trabajadores que den curso a los trámites, pues ellos son servidores públicos, encargados de brindar servicios oportunos y eficaces al ciudadano. Por ello, en la solución de estos importantes temas debemos de garantizar que no se perjudique a la ciudadanía.