El derecho a la revocatoria

Por Francisco Miró Quesada Rada. Politólogo

La revocatoria es un derecho, no solamente una importante institución democrática. Gozan de este derecho los ciudadanos quienes, cumpliendo unos requisitos establecidos en la ley, pueden remover a una autoridad elegida antes que concluya el período de su gobierno.

En el Perú este derecho se ejerce a nivel regional y municipal. En consecuencia, pueden ser revocados los presidentes y consejeros regionales, alcaldes y regidores. Pero que la Constitución y la ley establezcan dicho derecho no quiere decir que la revocatoria, una vez planteada, se produzca automáticamente. Se tiene que pasar por un proceso conocido como referéndum revocatorio, y existen una serie de casos en los que la autoridad no es revocada. También puede ser ratificada.

La revocatoria es una opción, una posibilidad que tiene la ciudadanía para ejercer su poder, y en el Perú se ha aplicado democráticamente. Por consiguiente, contribuye al empoderamiento de la sociedad civil y establece un equilibrio entre el poder ciudadano y el poder de la autoridad.

La semana pasada se hicieron dos planteamientos sobre ella. En la reunión entre el presidente de la República y los presidentes regionales, que ha sido muy importante, se propuso que la acción de revocatoria debería plantearse a partir del segundo año de gobierno, propuesta que contraviene lo establecido por la Ley 26300. De acuerdo con esta norma, la acción de revocatoria puede ejercerse entre el segundo, tercer y cuarto año de gobierno, pues se entiende que durante el primer año la autoridad debe mostrar competencia, capacidad de gestión, conducta ética y democrática, que es lógico porque solamente se puede juzgar a una autoridad por lo que hace o deje de hacer. Por eso, es conveniente un tiempo prudencial que le permita gobernar. Considero que un año es más que suficiente para que una autoridad regional o municipal muestre a la ciudadanía los resultados de su gestión. Además, una modificatoria de la ley por el Congreso estaría limitando el empoderamiento de la sociedad civil, que es fundamental para que el ciudadano perciba mejor los resultados de su ejercicio democrático.

El otro caso está relacionado con una declaración del primer ministro, que en términos generales está realizando una buena gestión, para que las revocatorias se pospongan hasta el 2009, porque este año se realizarán dos cumbres internacionales importantes y los peruanos debemos enviar mensajes positivos al exterior. Pero preguntamos, ¿acaso no es positivo que en el exterior sepan que se cumplen los plazos democráticos? Precisamente los presidentes y premieres europeos son los que más apoyan la democracia en nuestro continente, cortar el proceso tal como debe realizarse más bien crearía una mala imagen ante nuestros ilustres visitantes. Además, como se ha señalado a estas alturas, posponer la revocatoria produciría un malestar en la población, e incluso podría generar conflictos entre la ciudadanía y el Gobierno.

No deben limitarse las prácticas democráticas del pueblo, sobre todo cuando procede de acuerdo a ley. Por el contrario, las autoridades tienen que promoverlas, creando las condiciones favorables para una mayor democracia participativa, en armonía con la democracia representativa.