La propuesta de impedir que quienes hayan cumplido penas por pertenecer a bandas terroristas formen parte del magisterio nacional fue respaldada por el titular del sector, José Antonio Chang.
"Todo aquello que convenga a que nuestros escolares tengan maestros de mejor calidad y que no estén contaminados con ideologías violentistas es absolutamente saludable y bienvenido", dijo a la agencia Andina.
Aclaró, sin embargo, que esta eventual prohibición no debe afectar a aquellos maestros que estuvieron en prisión injustamente acusados de terroristas.
La propuesta lanzada por la parlamentaria Mercedes Cabanillas también fue bien vista por el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, el humalista Pedro Santos, quien indicó a El Comercio que ese grupo espera recibir formalmente el proyecto de ley respectivo para discutirlo.
"Tenemos que pensar en el pasado, en las décadas del 80 y del 90, épocas difíciles para el Perú, y el principio es que no se repitan (...) El tema de la infiltración terrorista es muy preocupante, si se puede legislar para que se esclarezcan actos de esa naturaleza, estaremos atentos", sostuvo.
En contra de esta iniciativa se manifestó el secretario general del Sutep, Luis Muñoz, quien sostiene que no debe penalizarse cualquier voz que discrepa contra un orden y llamó a utilizar otras vías para proteger a los educandos.
Para Muñoz, los directores y subdirectores de los colegios cuentan con mecanismos legales para evitar que un profesor pueda difundir una ideología violentista en las aulas de clase. "Las autoridades pueden supervisar y --de ser el caso-- denunciar incumplimiento de funciones e ir hasta el ámbito penal", indicó.
Además, hizo ver que las leyes nacionales, la Constitución y las normas internacionales indican que si una persona cometió un delito y sufrió su condena, tiene derecho a ser redimida por la sociedad. Al respecto, el ministro Chang dijo que la prioridad del Estado y del sector Educación es resguardar a los niños y a la primera infancia.