La violencia en el Alto Huallaga

Por: Rubén Vargas Céspedes. Abogado |

La violencia en el Alto Huallaga está cada vez más descontrolada. El año pasado Sendero Luminoso asesinó a mansalva a 21 personas por la sospecha de que colaboraban con las fuerzas del orden. Suman tres las bajas en la policía por las emboscadas terroristas.

Por acción del narcotráfico (ajustes de cuentas, robo entre traqueteros, etc.) perdieron la vida 25 peruanos. A estas cifras hay que sumar las víctimas de la delincuencia común (asaltos en las carreteras, robo agravado) y del mismo tráfico de drogas, que no han sido denunciados por temor a las represalias o desconfianza en las autoridades.

Todo parece indicar que este año la violencia será aun peor. Solo en enero ya se registraron 10 asesinatos relacionados a la cocaína. La última de las víctimas fue una niña de 1 año, cuyos padres, también asesinados, habrían estado procesando pasta básica en Aguaytía (Ucayali).

En el Huallaga y las demás cuencas cocaleras los pobres son los más golpeados por la violencia que viene del narcotráfico y del terrorismo. Esta situación se agrava cada día ante el evidente desconcierto y fracaso en el manejo de la seguridad ciudadana. La percepción generalizada de la población es que están abandonados y a merced de los delincuentes. Es más, hay zonas donde las reglas de la convivencia y justicia comunal no nacen de la autoridad legítima, sino de los poderes fácticos. Así ocurre en las zonas rurales de Aucayacu (Huánuco).

La falta de capacidad del Estado para responder a la situación de grave inseguridad erosiona peligrosamente la poca credibilidad en las instituciones tutelares y en la administración de justicia, en un contexto de por si adverso para la democracia.

Sabemos que no hay políticas de seguridad medianamente exitosas sin el involucramiento efectivo de los gobiernos locales. Sin embargo, el papel que vienen jugando algunas autoridades en el Huallaga es penoso e irresponsable.

Recientemente los gobernadores (que dependen del Ministerio del Interior), jueces de paz, profesores y dirigentes cocaleros, encabezados por el alcalde del Monzón, han firmado un memorial en el que se oponen rotundamente a la instalación de bases policiales en esa jurisdicción.

El argumento esgrimido es que podrían ser objeto de ataques de los terroristas. Obviamente, el motivo real es que la presencia policial afectaría el negocio que gira en torno a la coca ilegal y al narcotráfico, que en el caso del Monzón representa el 80% de su economía. Vamos a ver cómo responde el Gobierno Central a semejante despropósito.

Si el Estado y sus instituciones no pueden asegurar a sus ciudadanos los derechos básicos, como la vida, la integridad personal y su propiedad, entonces pierde todo sentido hablar de democracia, de respeto a las leyes y de Estado de derecho.

Además de la violencia desbocada, actualmente el Huallaga es terreno fértil para discursos antisistemas y fundamentalistas, como los predicados por los seguidores del llamado "socialismo moderno" y por Sendero Luminoso.

Que vengan todos los TLC y sigan azules las cifras macroeconómicas, pero cuidado:nada de esto tendrá sentido si el narcotráfico y el terrorismo siguen asesinando impunemente.