Tercerización sería para penales nuevos

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, presentó ayer a la prensa a los integrantes de la comisión encargada de proponer alternativas para tercerizar la gestión de los penales, una semana después de que fuera publicada la resolución que creó ese grupo.

La comisión está encabezada por el economista Gonzalo Prialé Zevallos. Lo acompañan la abogada Sylvia Astete Benavides, especialista en temas penitenciarios; el empresario constructor José Piccinni Martin, la especialista en gestión pública Ada Constantino Fernández, el ingeniero Juan Boria Rubio, el economista Fritz Du Bois Freundt y el experto en concesiones y privatizaciones Hugo Morote Núñez. Leonardo Caparrós Gamarra integra también el equipo en representación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En una conferencia de prensa realizada ayer en la sede del Ministerio de Justicia, Gonzalo Prialé indicó que las propuestas de la comisión se orientarán a definir el modelo con el que funcionarán las cárceles que se construyan en el futuro, cada una de las cuales deberá albergar a un promedio de 2.000 presos. "No se trata de corregir los problemas existentes sino que en el futuro tengamos una fórmula penitenciaria más humana", afirmó.

Por su parte, la titular de Justicia señaló que el efecto de la tercerización sobre la situación actual de los penales consistiría en la reducción del hacinamiento debido a la construcción de nuevas cárceles.

La comisión tiene un plazo de 30 días para entregar sus conclusiones, tiempo en el cual podrá examinar todos los aspectos del sistema penitenciario.

PREOCUPACIONES
La Defensoría del Pueblo está preocupada por la creación de la comisión, pues considera que encargar a terceros la gestión y administración de los penales no es la solución que demanda la crisis del sistema penitenciario. "Habría que tener mucho cuidado con algunos servicios, pues la experiencia con el servicio de alimentación de los presos no es buena. Las empresas privadas dan un pésimo servicio", comentó José Ávila, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo.

Para este organismo, la participación privada es determinante, pero para promover el trabajo en las cárceles, como ocurre en España.

El jefe del INPE, Gustavo Carrión Zavala, también tiene sus dudas. Él considera que la tercerización debe evaluarse con mucho cuidado para que responda a la realidad del país. "En los países donde ha dado resultado ha implicado un costo muy elevado que el Perú no puede asumir. Ninguna reforma es posible sin recursos", puntualizó.

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Nuevo penal
El INPE cuenta este año con 48 millones de soles para la construcción del penal Piedras Gordas II (unos 2.000 internos).
Déficit
Los abogados y psicólogos que trabajan para el INPE ganan en promedio S/.1.200. Los agentes penitenciarios, 900 soles. La institución tiene un déficit de 3.000 agentes y 1.500 profesionales.