La fiscal y los otorongos

Por Fernando Rospigliosi. Ex ministro del Interior

De poco valió el llamado del presidente Alan García para que el Congreso tome cuentas a la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, por su porfiado y sospechoso empeño de enviar a Luz Loayza a Iquitos, a la boca del lobo, donde el narcotráfico ha jurado tomar venganza.

Los congresistas --con un par de excepciones-- hicieron espíritu de cuerpo con ella. Los representantes apristas, inexplicablemente, no asistieron.

En realidad, este comportamiento de los congresistas no debería sorprender. Este, y los anteriores congresos, jamás se han ocupado seriamente del narcotráfico y el crimen organizado, una de las mayores amenazas a la seguridad nacional y a la tranquilidad del país. Lo raro sería que lo hicieran ahora.

El asunto es que la fiscal de la Nación es muy poderosa y tiene un control omnímodo sobre el Ministerio Público. Por eso varios congresistas que son abogados, no quieren malquistarse con ella. Otros lo hacen por razones políticas, típicamente los fujimoristas. Son muchos los funcionarios de la dictadura de la década de 1990 que deben afrontar procesos judiciales.

Todos ellos saben que Adelaida Bolívar es una experta en el arte de la componenda y el intercambio de favores. Esa es su principal habilidad, lo que le ha permitido llegar al cargo que detenta y lo que la protege hasta ahora, a pesar de su evidente insolvencia jurídica y de su escandaloso comportamiento en varios casos de narcotráfico.

Muestras del poder omnipotente de Bolívar --y del mal uso que de él hace--, son, por ejemplo, la abrupta remoción de la fiscal Loayza del caso de Fernando Zevallos, a principios del 2006, y su reemplazo por el fiscal Eduardo Castañeda, investigado por la policía por su relación con Zevallos y cuestionado por la procuradora antidrogas del Ministerio del Interior, Sonia Medina.

Ese mismo fiscal, Castañeda, ha sido designado ahora por Bolívar para investigar a los Sánchez Paredes.

Otra evidencia del poder de Bolívar y cómo lo usa, fue el fulminante cambio del fiscal que acusaba al alcalde de Pucallpa, Luis Valdez --sobre quien recaen sospechas de narcotráfico--, implicado en el asesinato de un periodista. El nuevo fiscal nombrado por Bolívar, increíblemente, no apeló, cuando Valdez fue absuelto por un tribunal complaciente en su ciudad.

En suma, Bolívar pone y quita a fiscales a su antojo, a mitad de una investigación o un proceso. También traslada magistrados de provincias a Lima y viceversa de manera arbitraria.

Pero en un caso excepcional, como el de la valiente fiscal Luz Loayza, recurre a formalismos absurdos y excusas insólitas.

Aduce, por ejemplo, desconocimiento de las amenazas, cuando es público, desde setiembre de 2006, que el narcotraficante Jorge Chávez Montoya (a) 'Polaco', había advertido que habían órdenes de atentar contra Loayza. O que el propio ministro del Interior le ha hecho llegar un informe policial que da cuenta de los peligros que correría Loayza si regresa a Iquitos.

El comportamiento de Bolívar no solo se puede explicar por su tozudez. Ella está dando un mensaje muy claro a todos los fiscales. Los que actúan con firmeza y se arriesgan en la lucha contra el narcotráfico son vejados y maltratados. Los que son complacientes son premiados y defendidos.

¿Se puede avanzar así?