Jueza favoreció a Zevallos en dos procesos anteriores

Por Óscar Castilla C.

La magistrada Teresa Jara García, titular del Juzgado Penal 27 de Lima, favoreció al narcotraficante Fernando Zevallos en dos procesos por sus vínculos con el tráfico ilícito de drogas en los años 2004 y 2005, informaron fuentes judiciales. Esta magistrada declaró el lunes a El Comercio que había rechazado el hábeas corpus planteado por la fiscal que investigó a 'Lunarejo', Luz Loayza Suárez, en contra de la Junta de Fiscales Supremos, que encabeza Adelaida Bolívar, y que decidió enviarla a Maynas a pesar de las amenazas contra su vida.

Según se informó, la jueza Jara García integró la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel que juzgó públicamente al entonces acusado Zevallos Gonzales en el 2004. Aquel juicio oral, que pasó desapercibido para los medios de comunicación, se quebró y tuvo que volver a fojas cero debido a que dicha magistrada (que entonces era vocal superior provisional) faltó a las audiencias públicas bajo la excusa de que padecía una presunta enfermedad. La procuradora antidrogas del Ministerio del Interior, Sonia Medina, quien participó en aquel proceso, confirmó ayer esta información a este Diario.

Sin embargo, Zevallos terminó perdiendo ya que el quiebre de aquel juicio público derivó en el inicio de otro juzgamiento, pero con otros magistrados. En este último proceso, 'Lunarejo' fue condenado a 20 años de prisión por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Un año después, la misma magistrada, pero como una de las integrantes de la Segunda Sala Penal para Reos Libres, recibió un hábeas corpus de Zevallos en contra de la misma fiscal de Maynas, Luz Loayza, y de los integrantes del equipo especial de inteligencia de la Dirandro que habían detenido en noviembre del 2005 al hoy recluso en Piedras Gordas.

En este hábeas corpus, 'Lunarejo' los denunció por violar el debido proceso, por detención arbitraria y abocamiento indebido, entre otros cargos. Dicho recurso constitucional llegó al tribunal luego de ser rechazado por el juez de primera instancia y fue resuelto de manera favorable a Zevallos dado que declaró la nulidad del fallo precedente. La entonces vocal Jara García votó en contra de Loayza y de los agentes de la Dirandro. El hábeas corpus llegó luego al Tribunal Constitucional y esta entidad se pronunció de forma contraria al pedido de Zevallos y al voto de la ex vocal.

Los dos casos antes mencionados, en los que Jara García favoreció al 'Lunarejo', se suman a la actitud que ella ha tomado al resolver el hábeas corpus de la fiscal de Maynas. Y es que, hasta el momento, el abogado de Luz Loayza, Aníbal Quiroga, no ha sido notificado de la resolución. Este Diario intentó comunicarse con la titular del Juzgado Penal 27 de Lima, pero no se la pudo ubicar. Un vocero de prensa de la Corte Superior de Lima señaló que la magistrada recién dará declaraciones sobre su fallo y sobre otros temas mañana.

Mientras tanto, luego de que se rechazara su hábeas corpus, la fiscal Loayza tiene plazo hasta el martes 26 de febrero para retornar a su despacho en Maynas. De lo contrario, se declarará abandono de puesto. El fiscal decano del distrito judicial de Loreto, Luis Muñoz, explicó que su despacho le concedió un primer plazo para permanecer en Lima hasta el 8 de febrero, pero que luego la Fiscalía de la Nación le extendió una segunda licencia médica hasta el 26 de este mes.

Apelación a instancia internacional
En vista de las amenazas de muerte contra la fiscal Luz Loayza, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) formuló una petición de medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de resguardar su vida e integridad física.

Según el decano del CAL, Walter Gutiérrez, la petición se ampara en el artículo 25 del reglamento de la mencionada comisión, que señala que de tratarse de casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, "la corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes".

Gutiérrez recordó que de acuerdo con el artículo 44 de nuestra Constitución "son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos". Añadió que de otorgarse las medidas cautelares urgentes solicitadas, la Fiscalía de la Nación estaría obligada a cumplirlas. De no hacerlo, violaría la Carta Magna.