"Poder Judicial aún no da su última palabra"

La suerte de la magistrada Luz Loayza aún no está echada. Tal fue el mensaje que dio ayer la ministra de Justicia, Rosario Fernández, al ser consultada sobre el pedido de la fiscal provincial de Maynas para no retornar a esa provincia por haber sido amenazada de muerte.

"La fiscal (Loayza) ha decidido judicializar su caso, de tal manera que si bien es cierto ha tenido un revés con dicha decisión, porque en primera instancia se le ha negado su pedido, todavía no se ha dicho la última palabra en el Poder Judicial", manifestó.

Efectivamente, la titular del Juzgado Penal 27 de Lima, María Teresa Jara, rechazó el hábeas corpus que presentó Loayza contra la Junta de Fiscales Supremos, que le ordenó volver a Iquitos. Pero ante la apelación de la defensa de la fiscal, la misma jueza Jara deberá elevar el caso a la Corte Superior de Justicia para que allí se decida.

Aníbal Quiroga, abogado de Loayza, declaró en CPN Radio que a más tardar espera que la próxima semana se resuelva el pedido de apelación. Agregó que de ser rechazado en esta segunda instancia, queda todavía la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional.

En concordancia con Fernández, Quiroga habló de esperar primero el pronunciamiento final del Poder Judicial antes de especular con una renuncia de Loayza al Ministerio Público.

A propósito de este emblemático caso, la titular de Justicia insistió en la necesidad de brindar mayor protección a aquellos que enfrenten problemas en el cumplimiento de su deber.

Por su parte, la jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción y ex jueza, Carolina Lizárraga, consideró que la fiscal Loayza debe acatar la orden de sus superiores y regresar a Iquitos.

"Si el Ministerio Público ha dado la orden ella debe regresar pero debe contar con la seguridad necesaria", señaló.

Como se sabe, Loayza ha sido amenazada de muerte por el narcotráfico tras haber denunciado a Fernando Zevallos. La jueza que rechazó su hábeas corpus benefició justamente al ex dueño de Aerocontinente en dos procesos realizados en el 2004 y 2005.