Por Mario Mejía Huaraca
El juez Guillermo Luis Gestro Montellanos, titular del Juzgado de Familia Tutelar 21 de Lima, no tiene tiempo absolutamente para nada. En su despacho le esperan más de cinco mil expedientes por resolver, la mayor parte de ellos por violencia familiar. Si alguna persona presentara hoy un nuevo proceso a su oficina, tendría que esperar hasta el primer trimestre del 2009 para que le programen una audiencia. Es inaudito pero cierto.
Este es apenas un ejemplo de los tantos casos de excesiva sobrecarga procesal que soportan los magistrados del Poder Judicial y que perjudica a miles de litigantes que deben perder demasiado tiempo en su búsqueda de justicia. La situación es alarmante. Según un inventario nacional realizado por la propia judicatura, al 30 de junio del 2007 existían nada menos que 2'224.239 expedientes sin resolver, de los cuales la mayor parte estaban referidos a casos civiles y penales. Ojo, que esas cifras no incluyen los expedientes que se encuentran en las salas especializadas de la Corte Suprema.
De todos los distritos judiciales, Lima es la que tiene la mayor sobrecarga: 601.706 expedientes no resueltos. Le siguen Ica y La Libertad, cada uno con más de 141 mil casos.
Para dejar en cero esa descomunal carga, cada uno de los 1.617 órganos jurisdiccionales que funcionan en todo el país tendría que resolver 1.376 expedientes en un año, lo cual es materialmente imposible. Además, debemos tener en cuenta que constantemente ingresan nuevos procesos.
Fernando Castañeda, comisionado de la Adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, indicó que, de acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad de Lima en noviembre pasado, la principal causa de fastidio entre la ciudadanía en materia de justicia después de la corrupción era la extrema lentitud de los procesos judiciales. "Para el mejoramiento de los servicios de justicia, la defensoría considera necesario luchar contra las dilaciones indebidas y para ello es indispensable un plan de descarga procesal", señaló.
¿Cómo implementar esa descarga? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial acaba de anunciar una medida que apunta en esa dirección. Se ha creado 120 órganos jurisdiccionales transitorios, entre salas, juzgados especializados, juzgados mixtos y juzgados de paz letrados. Estas salas y juzgados solo resolverán procesos en trámite, por lo cual los órganos jurisdiccionales permanentes remitirán tales expedientes priorizando los más antiguos hasta la fecha del cierre del inventario.
Para la Corte Superior de Lima se crearán 34 salas y juzgados especializados.
INVERSIÓN DE S/.41'000.000
Fuentes judiciales indicaron que en marzo empezarían a funcionar los nuevos juzgados de paz en tanto que las nuevas salas superiores y los juzgados contenciosos administrativos operarían en medio año, pues como requieren espacios amplios es necesario buscar los locales adecuados. Se supo que el Poder Judicial ha destinado aproximadamente S/ 41'400.000 para financiar la creación y el funcionamiento de las nuevas salas y juzgados.
Francisco Távara, presidente del Poder Judicial, declaró a El Comercio que lo que se está ejecutando ahora es la tercera etapa del Plan Nacional de Descarga Procesal que se acordó en mayo del 2007. "Tras haber hecho una depuración y actualización de expedientes y realizado un inventario de ellos, este año comenzamos a efectuar la descarga", dijo luego de señalar que espera que con los nuevos 120 órganos jurisdiccionales la actual carga procesal pueda disminuir en un 30% a fin de año.
Sostuvo, además, que no basta crear más salas y juzgados para solucionar el complejo problema de la sobrecarga, sino que se tiene que modernizar el sistema judicial, capacitar a los magistrados y auxiliares, dotar de mejor infraestructura y herramientas a los jueces y realizar un control para que todos los órganos jurisdiccionales funcionen adecuadamente y no se produzcan innecesarias dilaciones.
Se desaprovechan las conciliaciones
¿Por qué se acumulan tantos expedientes? Para Fernando Castañeda, de la Defensoría del Pueblo, se debe a la falta de recursos y de personal, a la demora de algunos operadores de la administración de justicia y la complejidad de algunos casos .
Para Francisco Távara, presidente del Poder Judicial, se debe entre otras razones a la mala costumbre que tienen los peruanos de querer solucionar todos los conflictos a través de la vía judicial, a que no se utilizan adecuadamente otros medios alternativos de solución como las conciliaciones y los arbitrajes que ayudarían a que muchas controversias no lleguen al Poder Judicial.
También, según Távara, la sobrecarga se debe al actual Código Procesal Penal que es muy formalista y lento. Para él lo ideal es el Nuevo Código Procesal que ya se está implementado en los distritos judiciales de Huaura y La Libertad con resultados alentadores.
SEPA MÁS
4Del total de 2'224.239 expedientes sin resolver, 798.120 se encuentran en trámite o giro y 1'426.119 en la etapa de calificación, impugnación, reservados o en ejecución.
4De todos esos expedientes sin resolver, los de materia constitucional son los que tienen menos carga: 28.495 y laboral con 229.968.
4Los distritos judiciales con menor carga procesal son Madre de Dios con solo 10.825 expedientes no resueltos, Pasco con 11.826 y Huancavelica con 12.711.
4En la Corte Superior de Lima se implementarán una sala contenciosa administrativa, una sala laboral y diez juzgados contenciosos administrativos entre otros.
DEL CONSULTOR
JORGE AVENDAÑO V. Jurista
La abultada carga judicial
El presidente de la Corte Suprema ha dicho que con la creación de nuevos órganos jurisdiccionales (salas y juzgados) se pretende reducir la carga judicial. ¿Qué es la carga judicial? Es el volumen de casos que existe en el sistema judicial. Visto de otro modo, es el número de expedientes que tiene a su cargo un juez o una sala de la Superior o la Suprema.
El extraordinario crecimiento de Lima en las últimas décadas ha producido consecuencias caóticas en el tránsito de la ciudad, en la crisis de la vivienda, en el número de escuelas que se requieren y ha incrementado también el número de juicios en trámite. La regla es clara: a más gente, más conflictos, es decir, más juicios.
¿Cómo se resuelve este problema? Creando más juzgados y salas. En definitiva, más jueces, lo cual, evidentemente, reclama una mayor inversión porque esos nuevos jueces requieren oficina, computadora, bibliografía legal, papel y asistentes.
Claro está, podrían ensayarse otras soluciones. Como restringir el acceso a la justicia o hacer más eficiente el trabajo de los jueces. Lo primero es inadmisible porque todo ser humano tiene derecho a que el Estado le brinde justicia. Lo segundo, en cambio, sí es posible pero supone capacitar más a los jueces y modernizar su tarea. A esto debe apuntarse.
De todas maneras, es alentador que el doctor Távara aborde el tema. Una menor carga procesal es contar con una justicia menos lenta. Y es alentador también que el Estado asigne recursos al servicio de justicia, generalmente olvidado por los gobiernos.