Comisión de Salud da luz verde a fondo de riesgo médico

La Comisión de Salud del Congreso aprobó ayer un dictamen que da forma al fondo de riesgo en los servicios de salud, que se ha venido llamando equivocadamente SOAT médico.

La norma, lista para su aprobación en el pleno del Parlamento, busca la creación de un fondo para resarcir económicamente a los pacientes que hayan sido víctimas de mala práctica o de negligencia de médicos o trabajadores del sector Salud.

El documento aprobado ayer por el grupo de trabajo parlamentario condensa tres proyectos de ley presentados anteriormente por el Ejecutivo y por varios legisladores, así como la opinión de diversas instituciones médicas, legales y aseguradoras.

Según el texto, lo que se busca es "otorgar el derecho a los pacientes de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo a obtener una ayuda solidaria a través de un fondo de riesgo (...) cuando sean víctimas de lesiones, invalidez o muerte atribuidos a una mala praxis de los profesionales, técnicos o auxiliares asistenciales de salud u otros trabajadores, sea cual fuere el vínculo de dependencia".

Para el presidente de la comisión, el aprista Daniel Robles, las clínicas particulares generan su propio fondo. "El fondo del que estamos hablando es público, para personas que se atienden en instituciones públicas. Las personas que se atienden en instituciones particulares formarán su propio fondo", señaló.

¿CÓMO FUNCIONARÁ?
Los pacientes o familiares que consideren que han sido perjudicados podrán reportar sus quejas a una oficina de la defensoría del paciente, que las derivará al comité técnico de evaluación.

"Un comité técnico especializado evaluará los daños dentro de las 48 horas y el paciente recibirá apoyo económico para solucionar su problema inmediatamente, sin que esto le quite el derecho de que pueda iniciar acciones legales para que en el futuro pueda tener una indemnización", explicó el parlamentario.

Este comité técnico de evaluación estará integrado por un director o gerente de la instancia superior de la red de salud, un representante del Colegio Médico, un representante de los profesionales no médicos y un representante de los pacientes.

Si luego de un proceso legal se determina responsabilidad en el médico o el profesional de salud implicado, este podría enfrentar sanción administrativa o penal y, además, tendría que devolver el dinero que costó solucionar el problema del paciente.

Robles agregó: "No queremos que esto ocasione un gran movimiento entre los abogados, para que pongan sus mesitas frente a los hospitales". Es por ello que el proceso se realizará a través de organismos internos de cada entidad prestadora de salud.

CUESTIÓN DE DINERO
El fondo comenzará a funcionar con un presupuesto anual de 30 millones de soles. Tal monto será el fruto del aporte de los establecimientos de salud, recursos del estado, donaciones, créditos y del 30% que lo que se obtenga por la venta de certificados médicos.

Se ha estipulado que la administración del fondo será encargada a un comité formado por dos representantes del Ministerio de Salud, dos de Essalud, uno de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú y dos representantes de los pacientes.

"Los seguros particulares contratados por los profesionales de la salud no son aplicables en nuestro medio. El seguro privado, en lugar de defender al paciente, defiende al profesional para que no tenga que pagar", lamentó Robles.

¿Y la responsabilidad institucional?
Para el decano del Colegio Médico del Perú, Julio Castro Gómez, el principal problema con este dictamen es que no toma en cuenta la responsabilidad de las instituciones médicas. "Esto ha sido olímpicamente dejado de lado, en consecuencia se supone que la única causa de eventos adversos es el personal médico".

Castro afirma que los establecimientos muchas veces carecen de garantías necesarias.

"En el país hay establecimientos que no reúnen calidad en infraestructura ni en procesos para garantizar calidad y seguridad en la atención del paciente. Por eso nos parece un encubrimiento de los parlamentarios en la responsabilidad pública".

Comentó que el documento será evaluado por los organismos de consulta y por las comisiones técnicas de su gremio, tras lo cual se pronunciarán de manera oficial.

"Por lo pronto, hemos dicho que debemos actuar de manera preventiva, por lo que hemos puesto en marcha la campaña nacional por la calidad de atención y la seguridad del paciente para que el ciudadano recupere la confianza en los establecimientos de salud", afirmó.