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EN CURSO INVESTIGACIÓN JUDICIAL POR TERRORISMO

Cabecilla de Coordinadora Bolivariana recibió dinero de organismo en Caracas

Fue préstamo de ente llamado Casa Mariátegui, admitió Roque Gonzales

Por Óscar Castilla C.

Roque Gonzales La Rosa, integrante de la sucursal peruana de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) y condenado a prisión por ser parte del MRTA en la década pasada, confesó haber recibido dinero de una organización no gubernamental conocida como Casa Mariátegui, con sede en Caracas (Venezuela). Así lo reveló durante el interrogatorio al que fue sometido a inicios de este mes por agentes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).

Gonzales La Rosa, que fue detenido en Tumbes el 29 de febrero y que ahora se encuentra en el penal Castro Castro, dijo que recibió US$200 de dicha institución, pero solo en calidad de préstamo. El procesado indicó que ese dinero le fue proporcionado por la Casa Mariátegui, que sería una organización no gubernamental ubicada en la capital de Venezuela, al igual que la CCB. La Dircote, además, le incautó otros US$330 en el momento de su detención junto a otras seis personas, las que también se encuentran tras las rejas.

Gonzales La Rosa dijo a la Dircote que él vivía en Venezuela desde el 2007, donde laboraba como capacitador en temas del medio ambiente, y que ganaba hasta US$500 mensuales. Él era considerado, según su esposa, Damaris Velazco Huiza (también detenida), "el guardián latinoamericano de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB)", como se consigna en el atestado policial N°006-08 Dircote.

Este apelativo, cabe indicar, es utilizado por la CCB en sus continuos pronunciamientos, a través de su página web, para referirse a un grupo que se dedica a temas medioambientales dentro de esta organización, la misma que realizó su II Congreso en Quito a fines de febrero y adonde asistieron Gonzales La Rosa y los otros seis acusados, antes de ser detenidos.

El ex integrante del MRTA y también ex militante del Apra dijo que la sucursal peruana de la CCB no fue inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y que ya estaba desactivada. Sin embargo, para la Dircote, el acusado no dice la verdad, ya que él acudió como representante en el Perú de dicha organización al congreso realizado en Quito.

OTRA ACUSACIÓN
La Policía Antiterrorista también acusa al ex emerretista de tener otro canal de financiamiento: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que habría llegado por intermedio de un personaje conocido como Narciso Isa Conde. Esta imputación, negada por Gonzales La Rosa, deberá ser aclarada durante la investigación judicial que está en manos de Jessica León Yarango, titular del Primer Juzgado Penal Supraprovincial.

Vale decir que, actualmente, existen dos casos en los predios judiciales sobre la Coordinadora Continental Bolivariana. Uno de ellos tiene que ver con Gonzales La Rosa y el otro con Guillermo Bermejo Rojas, del colectivo Todas las Voces (una de las organizaciones que integraba la sucursal peruana de la CCB), que está en el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial de Omar Pimentel.

Al respecto, El Comercio dio a conocer que 24 personas fueron denunciadas por la Dircote y la fiscalía por terrorismo en los dos casos. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó abrir proceso contra 17 de ellos, en las últimas semanas, debido a que no existían suficientes pruebas. Solo se encontró material probatorio para procesar y enviar a prisión a siete de ellos, uno de los cuales es Roque Gonzales La Rosa.

CLAVES
Faltan pruebas en las acusaciones
La Dircote ha elaborado dos atestados contra 24 personas acusadas de subversión, de ser financiados por Venezuela y por las FARC para desestabilizar al Perú. Sin embargo, no a todos se les abrió proceso.

Caso Todas las Voces:
Se acusó por terrorismo a nueve personas en enero de este año. El Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, a cargo de Omar Pimentel, no abrió proceso contra ninguna.

Caso Roque Gonzales:
Se denunció a 15 personas por terrorismo en febrero de este año. La titular del Primer Juzgado Penal Supraprovincial Jessica León solo abrió proceso a siete de ellos.

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