Fiscalía investigará adulteración en ley del Poder Ejecutivo

Por Jorge Saldaña R.

El Ministerio Público iniciará esta mañana la investigación en el Congreso de la República para deslindar responsabilidades penales en la adulteración de uno de los alcances de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) antes de que sea remitida para su promulgación por el Ejecutivo.

Por razones obvias de la reserva del proceso solamente se pudo saber que los representantes de la Fiscalía Penal Provincial 41 de Lima, a cargo de Rodolfo Socia Alarcón, se entrevistarán con todos aquellos funcionarios del Congreso que están involucrados en el proceso de la autógrafa de una ley, etapa en la que se produjo la adulteración. La investigación podría comprender también a uno o más congresistas involucrados, pero con determinadas prerrogativas.

El embuste (denunciado hace semana y media) consistió en variar el texto de la versión promulgada respecto de la que fue aprobada en el plenario congresal el pasado 14 de diciembre, con la finalidad de crear un gabinete de asesores más en la alta dirección de cada ministerio para el diseño de la política sectorial y la coordinación parlamentaria.

LOS INVOLUCRADOS
Hasta el momento son dos los funcionarios del Congreso denunciados por la procuraduría del Parlamento ante el Ministerio Público: el jefe de Relatoría y Agenda, José Villena Changanaqui, y el director general parlamentario, Eduardo Mejía, por el delito de falsedad ideológica.

Villena ha sindicado al congresista aprista Wilder Calderón de haber coordinado "en forma personal" esa ilegal inclusión cuando se elaboraba la autógrafa de la ley, y manifestó que recibió esa misma indicación de parte del director general parlamentario, Eduardo Mejía, quien no informó a nadie sobre este asunto.

Ayer el legislador Calderón declaró a nuestra web que ha recibido la solidaridad de sus colegas apristas ("quienes han entendido que he sido involucrado injustamente en este caso"), aunque aseveró que se pondrá a disposición del partido de gobierno si se decide iniciar una investigación en contra de él.

El miércoles último José Abanto Valdivieso renunció a la Oficialía Mayor del Congreso con la finalidad de facilitar el proceso de investigación en curso.

El congresista Calderón comentó que Abanto debió haber sido destituido de su puesto, y subrayó que "este mal funcionario ha sido el responsable de comprometer al Congreso y a mí en este asunto".

La presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso y autora de la denuncia, Rosa Florián (UN), reclamó a la Mesa Directiva acelerar las investigaciones para dar con los culpables de la adulteración.

Se viene relevo en la Oficialía Mayor
Esta tarde se reunirá la Mesa Directiva del Congreso para formalizar la renuncia de José Abanto Valdivieso al cargo de oficial mayor.

Según dijo ayer a El Comercio el presidente del Parlamento, Luis Gonzales Posada, le corresponderá a la Mesa Directiva "analizar" esta renuncia y decidir al reemplazante de Abanto.

El tercer vicepresidente del Congreso, Carlos Torres Caro, explicó que la pretensión es designar a un "encargado" de la Oficialía Mayor porque el nombramiento le corresponde al Consejo Directivo. Hay tres candidatos: Hugo Rovira, Jorge Campana y José Cevasco.

AL GRANO
4 "Es una cuestión ética y penal" *
¿Cuándo iniciará de oficio la Comisión de Ética del Congreso la investigación por el caso de la adulteración de la LOPE?
Lo vamos a plantear a los miembros de la comisión en la sesión del miércoles. Estoy segura de que todos los colegas compartirán esta preocupación porque es un tema realmente delicado. No se puede alterar la voluntad del pleno. Le daremos prioridad.

Si se determina que un congresista está involucrado en esta adulteración, ¿puede ser acusado constitucionalmente?
Es posible. No solamente es una cuestión ética, sino también penal. La Comisión de Ética analizará en lo que le corresponda. No entramos en el ámbito administrativo. Recopilaremos testimonios, versiones periodísticas e informes. Si hay algún congresista implicado en este hecho y amerita que sea denunciado constitucionalmente, (el expediente) pasará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
* Elizabeth León. Pdta. de Comisión de ética