Divorcio y codicia

Por Fernando Vivas. Periodista

Era de esperarse que el proyecto de ley que autoriza a municipalidades y notarías a ejecutar divorcios de mutuo acuerdo encontrara oposición clerical, a la que se han sumado algunos alcaldes confesionales como Salvador Heresi y Antonio Meier. Apenas lo aprobó el pleno del Congreso en primera votación, el 14 de marzo, el cardenal Juan Luis Cipriani satanizó el dictamen que viene oleado y sacramentado por un acuerdo político nacional: fusiona un proyecto de la acciopopulista Rosario Sasieta, con otro de la fujimorista Cecilia Chacón y otro del Ejecutivo; fue aprobado por la Comisión de Justicia, que preside Raúl Castro, de UN; ha entusiasmado a las ONG y ha recibido el respaldo de Pilar Nores de García, quien suele estar a la diestra de su esposo en estos asuntos de la vida. Además, 61 congresistas de todas las bancadas votaron a favor y 8 en contra.

Solo cabe decirles, a los objetores de conciencia, que su preocupación por la unidad de la familia es muy respetable y legítima, pero, en este caso, inútil. La ley no fomentará la ruptura de ningún matrimonio avenido, simplemente facilitará los trámites de separación a los desavenidos. Dificultar el divorcio no es un aporte a la solidez del hogar. Por el contrario, puede incubar violencia física y psicológica, abusos, traumas e impedir que los cónyuges consoliden nuevas y mejor encaminadas familias. Y no citen el Art. 4 de la Constitución que dice que la sociedad y el Estado "protegen a la familia y promueven el matrimonio", pues ese mismo artículo dice más adelante que "la forma del matrimonio y las causales de separación y de disolución son reguladas por ley". O sea, la ley de leyes no ve ninguna contradicción en promover las bodas y permitir que estas se disuelvan cuando todo indica que no funcionan.

Ahí debiera quedar el debate, entre liberales y conservadores, sino fuera porque hay algunas voces que, sin que se presuma en ellas reparos religiosos, están en contra. Son las de abogados que dudan de que el nuevo sistema alivie significativamente la carga procesal del Poder Judicial, que es la principal razón que aducen los propulsores de la ley, y dudan, además, de que municipalidades y notarías estén en capacidad de verificar las sentencias y actas de conciliación que aporten las parejas con hijos menores.

Sin embargo, esas dudas que el proyecto cubrirá con capacitaciones en los municipios aislados, ocultan cuál es el beneficio principal del nuevo sistema (que sus propulsores no declaran para no provocar a los conservadores): que se hace un gran servicio a ciudadanos con insalvables problemas maritales que hoy tienen que batallar con un sistema que penaliza su decisión, obligándolos a gastar en abogados. Tengan en cuenta que las parejas sin hijos y sin bienes en común podrán divorciarse sin recurrir a ayuda legal. Ahí estaría, pues, la razón de un rechazo que no puedo sino calificar de codicioso: se les reducirá una considerable fuente de ingresos. Por eso la célebre experta en derecho de familia, Patricia Simon, se ha pronunciado en contra en "El Peruano". Y no me dirán que a Simon, ex abogada de Dennis Falvy y sancionada con dos años de inhabilitación por la Comisión de Ética del CAL por representar al cirujano Otto Cedrón luego de haber representado a su ex esposa Ana María Chiesa, le preocupa la santidad de los vínculos matrimoniales. Ojalá que no muchos de los colegas de Simon sumen reparos a este proyecto que se enmarca en una reforma del Estado que tiene por fin supremo el respeto de los derechos del ciudadano.