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La disputa entre Matute y Lizárraga

Por: Juan Paredes Castro |

Cuando el Gobierno nombró a la ex jueza penal Carolina Lizárraga jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), no estaba sacando de la manga la fórmula mágica para acabar con uno de los más viejos males del país: el saqueo económico y moral del Estado y todo lo parecido a ello.

Lo que hizo, con ese nombramiento, fue aumentar una rama más al frondoso árbol de la lucha contra la corrupción, en el que hay de todo, comenzando por contar, por supuesto, a la hoy rival más cercana de la ONA, la contraloría, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a las procuradurías del Estado (tantas y tan buenas para nada), a las comisiones investigadoras y de fiscalización del Congreso, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Policía Nacional (donde a veces no falta el gato de despensero), a las direcciones de control de los ministerios y a un infinito número de otras reparticiones, supuestamente encargadas de garantizar el uso limpio y transparente de los recursos del Estado y sancionar sus transgresiones.

Un Estado como el peruano, en camino al crecimiento sostenido y a la recuperación frenética del tiempo perdido en materia de modernidad y competitividad, tiene que enfrentar al frondoso y poderoso árbol de la corrupción colocando delante de sí al frondoso y poderoso árbol de la anticorrupción. El gran problema es que este poderoso y frondoso árbol tiene el tronco, las ramas y las hojas defectuosos. Y encima su dilema consiste en que tiene necesariamente que funcionar como un todo integral o simplemente dejar de existir, como en la década de Fujimori y Montesinos.

El mejor ejemplo de que la anticorrupción no es una batalla para encargársela a ningún llanero solitario, fue lo que le pasó a Martín Belaunde, durante el gobierno de Toledo, cuando fue designado 'zar' anticorrupción, sin nada que legal y funcionalmente lo sostuviera.

La lucha anticorrupción tiene que formar parte de todo el sistema nervioso central del Estado y cruzar por todos sus demás órganos vitales institucionales. No es un tema que tengan que disputárselo Carolina Lizárraga y Genaro Matute. Podríamos decir que, como reto de este tiempo, la anticorrupción debería partir del fin del otoronguismo (espíritu de cuerpo por la impunidad) en el Congreso y acabar en las estructuras de robo y coimas de muchos ministerios, y pasar, claro está, por la mano fuerte de las entidades fiscales, judiciales y de control. A lo que hay que sumar, como corona del árbol, el necesario ejemplar liderazgo de quienes encabezan los poderes del Estado y cada uno de los pliegos presupuestales.

Tampoco es poca cosa la capacidad de denuncia ciudadana y de control y fiscalización de la prensa independiente.