Por Raúl Ferrero C. Jurista
Ha resultado motivo de controversia la propuesta presidencial para que las mu-nicipalidades recauden ciertos impuestos menores, otorgándoles una participación sobre lo que perciban. Bien vale la pena que esta iniciativa se evalúe debidamente.
El propósito que anima el planteamiento hecho es mejorar los pagos tributarios que deben realizar las microempresas y las pequeñas empresas (mypes). Estas, en vez de estar sujetas al régimen tributario general, al cual estamos sujetos todos, pueden acogerse a otros excepcionales (según su nivel de ingresos) que les permiten realizar pagos menores y de manera simplificada. Para ello es que pueden acogerse, como usualmente lo hacen, al Régimen Único Simplificado (RUS), que incluye el IGV y el Impuesto a la Renta o al Régimen Especial de Renta (RER).
En la actualidad, la Sunat recauda solamente S/.82 millones por el RUS y casi S/.60 millones por el RER, los que juntos representan al 0,3% de lo que se recaba por tributos internos.
El problema de fondo, es pues, la escasa recaudación que representan dichos tributos, debido en gran parte al problema recurrente de la informalidad que día a día sigue ganando terreno, al punto que los estudiosos del tema consideran que esta se encuentra en niveles alarmantes, alcanzando hasta a las tres cuartas partes de la PEA.
Entonces, cabe preguntarse: ¿Si la Sunat está demostrando poca efectividad en la cobranza de tributos a través del RUS y el RER, por qué no cederle esa facultad a las municipalidades, que a su vez están más cerca y conocen mejor a esos contribuyentes en los 1.833 distritos que existen en toda la República?
Si bien las municipalidades conocen mejor a sus vecinos, ello no es necesariamente suficiente para concluir que puedan realizar las cobranzas de tributos mejor que la Sunat. El ejemplo que tenemos claramente a la vista es el de la inefectividad que muestran actualmente en la cobranza de los arbitrios y del Impuesto Predial. Los niveles de morosidad promedio son muy altos, aunque en descargo de los municipios se debe reconocer la escasa conciencia tributaria que existe en la ciudadanía.
No se puede saber si los gobiernos locales están en capacidad de realizar la cobranza que se está proponiendo, ya que salvo la Municipalidad Provincial de Lima, no han sabido armar todavía una infraestructura suficiente para realizar la fiscalización que requiere un encargo de las características del que se pretende.
Muestra palpable de la inefectividad recaudadora de las municipalidades son las continuas amnistías que decretan para lograr que sus contribuyentes se pongan al día, lo cual resulta en un sistema perverso, ya que penaliza a los que sí pagaron oportunamente.
Obviamente, las amnistías a las cuales nos tienen acostumbrados las municipalidades, desalientan a los vecinos cumplidos que a veces dudan si pagar a tiempo o no, ya que no dejan de pensar que quizás es mejor esperar hasta que se disponga una amnistía que les permita pagar mucho más tarde, sin intereses ni multas.
Cabe, igualmente, analizar cuáles han sido las razones para que a pesar de existir una norma vigente (Decreto Legislativo 776) que permite que Sunat celebre convenios con los concejos municipales para mejorar la fiscalización tributaria del IGV, hasta la fecha no se haya celebrado ninguno. No se descarta que la misma Sunat haya mostrado desinterés en querer hacerlo, para no afectar sus fueros.
Ya que las municipalidades cuentan con las facultades de cobranza coactiva, si prosperara la reciente propuesta del Gobierno, bien valdría la pena revisar la legislación pertinente para evitar que se produzcan los abusos que se han dado en algunos casos, llegándose a ejecutar cobranzas de obligaciones tributarias dudosas o inexistentes.